(Libertad Digital) La pasada noche, en la segunda edición de Noticias en Libertad de LDTV, la parlamentaria de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, calificó de "buena noticia" el fallo del Tribunal Supremo que ilegalizaba a ANV, aunque recordó que el alto tribunal ya lo habría hecho en mayo de 2007 "si el Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado se lo hubiera permitido".
"El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como máximo responsable de la situación creada, tiene la obligación de poner todos los medios para proteger a los ciudadanos que se oponen a ETA y para remediar el daño cometido. Hasta el momento la pregonada rectificación de su política antiterrorista sólo viene avalada por declaraciones, pero no por medidas reales. Este es un buen momento para acreditar que la voluntad de hacer frente a ETA con todos los medios del Estado de Derecho va más allá de la retórica. El Consejo de Ministros tiene el cauce legal para proceder a la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, le da la posibilidad de hacerlo. Su obligación es aplicar ese artículo en defensa del Estado de Derecho y de los ciudadanos vascos y navarros y del resto de España y eso es lo que el Foro Ermua espera que haga", afirman.
Tras esto, Díez hizo hincapié que aunque la ilegalización no supone la salida de los ayuntamientos de los proetarras "seguirán en las instituciones si el Gobierno se lo permite", ya que "el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, que permitió suspender Marbella por causa urbanística, permite disolver los ayuntamientos y no se refiere a cuestiones urbanísticas sino precisamente a terrorismo". La aplicación de esta ley, añadió Díez, corresponde al Ejecutivo por lo que "si no los disuelven es por que el Gobierno socialista quiere, si siguen teniendo a tiro los demócratas es porque el Gobierno socialista quiere".
A esta exigencia de la parlamentaria de UPyD se unió este miércoles Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. En una comparecencia ante los medios de comunicación en las instalaciones del Parlamento de Cataluña, el presidente de la formación y electo regional, Albert Rivera, solicitó al Ejecutivo Zapatero que "que disuelva todos los ayuntamientos gobernados por miembros de este partido". Para Ciudadanos, "no tiene sentido que se actúe en casos como el de Marbella y no en estos casos".
El Foro de Ermua se unió también a esta exigencia. En un comunicado, el colectivo cívico exige al Gobierno que proceda "a la inmediata disolución de todos los ayuntamientos gobernados en solitario o en coalición por ANV". Según recuerda, "la política de negociación con ETA llevó al Gobierno, a pesar del cúmulo de pruebas existentes, a no promover la ilegalización de ANV antes de las elecciones municipales. Esta decisión ha permitido que los terroristas accedan al Gobierno de varios ayuntamientos en Euskadi y Navarra y que desde esa posición de gobierno obtengan datos de los ciudadanos y manejen los presupuestos municipales y los puestos de trabajo locales para fortalecer la estructura terrorista".
Artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local
- 1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
- 2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
- 3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.