LD (L. Ramírez) Vivienda quiere prohibir descalificar VPO construidas en suelo cedido por los promotores. Esta iniciativa podría invadir las competencias de las comunidades autónomas porque avanza en los principios que defiende la Ley del Suelo, cuya entrada en vigor coincidió en el tiempo con el estallido de la crisis subprime en EEUU. La norma está recurrida por varias comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional (TC) porque introduce exigencias que podrían atentar con la Carta Magna.
La ley establece una reserva obligatoria del 30 por ciento del suelo de las promociones inmobiliarias para edificar VPO, aunque algunas regiones, como el País Vasco y la Comunidad de Madrid, entre otras, superan con creces este porcentaje.
Ahora, en estos solares los constructores edifican inmuebles que luego son destinados a viviendas protegidas, en el mismo régimen que el resto. Cada comunidad autónoma fija el plazo máximo en el que las VPO deben seguir siendo libres para, a partir de ese momento, poder descalificarlas y venderlas en el mercado.
Según los especialistas consultados, la descalificación es una medida útil, tanto para el promotor como para el propietario del piso, ya que hace más atractiva la apuesta por esta vía del sector privado y permite a las familias vender sus casas a un precio mayor al inicial, que estaba subvencionado. Eso sí, el propietario debe devolver las ayudas percibidas para no generar injusticia social.
Pero el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012, al que ha tenido acceso LD, modifica este régimen, y establece que “el plazo de calificación de viviendas protegidas será permanente en suelo de reserva obligatoria o público”. Es decir, que todas aquellas VPO que se construyan en estos solares serán protegidas para siempre.
Lo mismo que las edificadas en suelos dotacionales (parcelas de terreno dentro del área municipal que se reservan dentro de un Plan General para la construcción de edificios dedicados a servicios públicos). No obstante, en las VPO que se construyan en suelo libre, el plazo de calificación mínimo sería de 30 años, según el documento enviado por el Ministerio de Vivienda a las comunidades autónomas.
Conferencia Sectorial
Este borrador será debatido mañana martes con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. Además, de la invasión competencial en materia de suelo, otras disposiciones del proyecto han suscitado las críticas de algunas regiones, al considerar que podrían suponer una invasión competencial.
Así, el documento remitido a las autonomía por el Gabinete de Beatriz Corredor expone que los ámbitos territoriales de precio máximo superior serán definidos por las comunidades previa consulta no vinculante a los ayuntamientos afectados, mientras que en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, la modificación de los ámbitos será convenida con éstos.
Los argumentos en contra apuntan que la definición de estos precios máximos corresponde únicamente a las comunidades autónomas, si bien desde Vivienda se recalca que la consulta a los ayuntamientos no es vinculante.
Del mismo modo, algunas de las críticas apuntan que la obligación de inscribirse en un registro de demandantes coordinado por cada comunidad autónoma para acceder a una vivienda de protección es intervencionista.