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Se querellan contra el ex consejero de la Junta por su participación en dos quiebras

Se querellan contra el ex consejero de la Junta, Jaime Montaner, por la quiebra de dos empresas que compró una compañía de la que Montaner figuraba como consejero delegado. Montaner, que es arquitecto y fue acusado por Jesús Gil de haber cobrado cheques a cambio de desbloquearle desarrollos urbanísticos desde la Junta de Andalucía, niega las imputaciones.

Se querellan contra el ex consejero de la Junta, Jaime Montaner, por la quiebra de dos empresas que compró una compañía de la que Montaner figuraba como consejero delegado. Montaner, que es arquitecto y fue acusado por Jesús Gil de haber cobrado cheques a cambio de desbloquearle desarrollos urbanísticos desde la Junta de Andalucía, niega las imputaciones.
LD (Pedro de Tena) Jaime Montaner, consejero de la Junta de Andalucía durante 15 años y Joaquín Sanz Talavera, presidente de la Asociación de Consignatarios del Puerto de Sevilla y dueño de Frigoríficos del Guadalquivir, figuraban como consejero delegado y secretario de Contratas Argelinas, al parecer, una multinacional fantasma. El meollo de la cosa está situado en el abogado Carlos Serna, quien en 2004 se convirtió en la cara de esta supuesta filial del Banque Commercíale et Industrielle d'Algérie, que había quebrado un año antes.
 
Cuenta El Mundo que, según la prensa sevillana, buscaba socios españoles para construir "más de 1.000 kilómetros de la autopista del Norte de Argelia", "dos astilleros para buques de gran porte" y dos plantas potabllizadoras. Sin embargo, la única actividad que alcanzó a desarrollar fue en el sector de los cítricos. Y ni eso. Dos empresas andaluzas dedicadas a la producción y comercialización de naranjas, Alcopalma y la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Riosport, terminaron en la quiebra tras ser adquiridas por la multinacional argelina de Carlos Serna.
 
Diecisiete de los casi 80 agricultores socios de la SAT mantienen desde 2004 una querella contra los gestores que permitieron la entrada en su capital de Contratas. Y el entonces dueño de Alcopalma, José Antonio Alconchel, hizo lo propio en Madrid contra Montaner, Sanz Talavera y Serna Sánchez. Los agricultores aseguran que desaparecieron en Riosport seis millones de euros. Alconchel cifra en más de un millón lo que Serna sacó de sus sociedades.
 
El cordobés José Antonio Alconchel recalca que fue la presencia en Contratas de un ex consejero de la Junta como Montaner y del empresario Joaquín Sanz lo que le hizo confiar en las promesas de Serna. José Carlos Serna Sánchez dice ser abogado mercantil. De hecho, estuvo colegiado en Madrid. En los registros, aparece a su nombre una docena de empresas, como administrador, apoderado, consejero delegado o socio. Su única sede física son diferentes despachos de abogados de Madrid y Ciudad Real sin actividad reseñable, ni plantilla, ni cuenta de resultados.
 
Entre ellas está Contratas Argelinas, cuya existencia se circunscribe a los juzgados de Madrid y Córdoba. Allí se investiga la penúltima estafa de José Carlos Serna, en prisión desde el 20 de marzo por haber secuestrado a un empresario vasco, Pedro Aguirre Ormaechea, acompañado de una banda de delincuentes portugueses. Tampoco es la primera vez que pisa la cárcel. En 1996 permaneció cuatro meses entre rejas tras ser detenido en Sevilla por falsificar las acciones de General Motors con las que compró cinco empresas.
 
"Carlos Serna me utilizaba para cubrirse las espaldas", responde Jaime Montaner. El ex consejero permaneció en Contratas de julio de 2003  a septiembre de 2004, cuando dimitió: "Carlos Serna tenía todos los poderes, hacía y deshacía a su antojo, y siempre. en un oscurantismo que la Ley de Sociedades no permite: no presentaba cuentas, no informaba de los préstamos ni de las finanzas. no pagaba...". Montaner dice que su papel en la empresa se limitaba a "aconsejar" sobre "el mercado de fincas".
 
Montaner, que es arquitecto y fue acusado por Jesús Gil de haber cobrado cheques a cambio de desbloquearle desarrollos urbanísticos desde la Junta de Andalucía, niega haber  tenido nada que ver con esas adquisiciones. Los agricultores piden 15 años de inhabilitación y más de 700 millones de pesetas para la junta rectora y para Alconchel.

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