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El CGPJ investigará el "error de carpetilla" de Garzón que permitió huir a dos narcos

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió hoy una investigación al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado después de que pusiera en libertad por error a dos narcotraficantes turcos. La Comisión Disciplinaria, que celebró este miércoles su sesión constitutiva, ordenó la apertura de una información previa, el trámite legal preceptivo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para determinar si procede la incoación de diligencias informativas o el archivo de la denuncia.

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió hoy una investigación al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado después de que pusiera en libertad por error a dos narcotraficantes turcos. La Comisión Disciplinaria, que celebró este miércoles su sesión constitutiva, ordenó la apertura de una información previa, el trámite legal preceptivo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para determinar si procede la incoación de diligencias informativas o el archivo de la denuncia.
L D (Agencias) Según informó el CGPJ, el vocal propuesto por el PSOE José Manuel Gómez Benítez, amigo personal de Garzón, comunicó su intención de abstenerse en este asunto "por causas objetivas" después de haber tenido conocimiento de estos hechos "a través de los medios de comunicación".  Además de Gómez Benítez integran la Comisión Disciplinaria su presidente, Pío Aguirre, elegido a propuesta del PP; Gemma Gallego, también designada a iniciativa de esta formación; Miguel Carmona, propuesto por el PSOE; y Margarita Uría, del PNV.
 
Los dos presuntos narcotraficantes manifestaron este martes en una comparecencia voluntaria ante la Secretaría de su juzgado su disposición a colaborar con la Justicia y a esclarecer los hechos por los que están imputados, según informaron fuentes próximas al magistrado.  Sahin Eren y Erden Vardar, que fueron detenidos en julio de 2006 transportando una parte de los 43 kilos de heroína que la organización delictiva intentaba introducir en España, fueron liberados con medidas cautelares en julio pasado después de que el juzgado de Garzón les asignara una fecha de detención incorrecta, lo que impidió al magistrado acordar a tiempo la prórroga de su prisión provisional una vez que expiró el límite máximo de dos años.
 
La operación policial contra esta organización se realizó en tres fases. En la primera, llevada a cabo el 10 de julio de 2006 en Palos de la Frontera (Huelva), fueron detenidos Eren y Vardar; mientras que la segunda, desarrollada en Sevilla el día 18 de ese mes, finalizó con el encarcelamiento de otras ocho personas, entre las que se encontraba el presunto cabecilla de la red. Otras dos personas fueron arrestadas con posterioridad a estos hechos.  El error se produjo, según las citadas fuentes, porque el juzgado de Sevilla remitió su atestado policial a la Audiencia Nacional antes que el de Huelva. Así, en las carpetillas correspondientes a las piezas de situación individuales que los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5 abrieron a cada uno de los detenidos se aplicó a todos la misma fecha de detención (el 18 de julio), incorrecta en el caso de los dos primeros. En los autos de prisión, no obstante, constaba la fecha correcta.
 
El 25 de junio pasado, poco antes de vencer el límite máximo de dos años de la prisión provisional, Garzón dio traslado a la Fiscalía Antidroga para que se pronunciara sobre este extremo. Dos días después, el Ministerio Público reclamó la celebración de una vistilla que se celebró 14 de julio. En ella, el fiscal reprodujo el error del juzgado y pidió la prórroga de la prisión provisional antes del día 18, al creer que la prescripción se produciría en esa fecha y no ocho días antes. El error no fue advertido por los funcionarios del juzgado hasta el 16 de julio, día en el que Garzón tuvo que dictar un auto para poner en libertad a los dos ciudadanos turcos, a los que impuso como medidas cautelares comparecencias diarias en la Audiencia Nacional, la retirada de sus pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.
 
En estas comparecencias, tanto Eren como Vardar manifestaron que no tenían casa y que estaban durmiendo en la calle, por lo que incluso preferían ser encarcelados. En la actualidad, según las citadas fuentes, pernoctan en un albergue de Cruz Roja y están buscando trabajo para poder subsistir. Además de ellos, se encuentran en libertad nueve de los doce detenidos en la operación. Desde el juzgado de Baltasar Garzón alegan que en los días en los que venció el plazo de la prisión provisional el magistrado no realizó más viajes que los derivados de su actividad judicial, que le llevaron a ausentarse de Madrid por las operaciones llevadas a cabo contra la mafia rusa y el complejo Vizcaya de ETA. En esas fechas, además, el juzgado tramitó la situación de 270 presos.

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