LD (Pedro de Tena) Las expectativas de empleo en este sector que el gobierno Zapatero fijó en 200.000 puestos de trabajo para 2008 han sido reducidas por el mismo gobierno a 70.000 con graves repercusiones en Andalucía. De acuerdo con un informe elaborado por el equipo Portal Mayores, IMSERSO y CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), se demuestra que, considerando la población, Andalucía es una de las Comunidades Autónomas que menos plazas residenciales ofertadas. La ratio existente, 2,30 plazas por cada 100 mayores, es superada por 14 comunidades autónomas. Del mismo informe se desprende que todas las provincias andaluzas poseen una ratio inferior a la media española (3,71)
Además, los Ayuntamientos carecen de recursos para aplicarla. Los Servicios Sociales de Atención Primaria o Comunitarios han sido atendidos, en Andalucía, desde el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, aprobado en1988. Así pues, las competencias en materia de Servicios Sociales Comunitarios, se ejercen en los Municipios Andaluces, por delegación de la Junta de Andalucía y son financiadas con los recursos establecidos por el Plan Concertado de prestaciones básicas de Servicios Sociales.
Pero los Ayuntamientos aún no cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía. Falta personal tanto administrativo como técnico para tramitarlos distintos procedimientos y además la distribución de fondos no ha sido proporcional entre los municipios andaluces. El partidismo de la Junta se demuestra, por ejemplo, en el ayuntamiento de Jaén que, gobernado por el PSOE, y con una población inferior a Almería, obtiene los mismos recursos humanos
De hecho, el Plan Concertado, cuyo compromiso de financiación está distribuido entre las tres administraciones públicas, un 33 por ciento para cada administración, estatal, autonómica y local, se incumple por parte de los niveles autonómico y estatal. Por lo tanto, éste sistema de financiación, resulta insuficiente al recaer el mayor peso en los Municipios (la media viene siendo 57 por ciento participación de los Ayuntamientos, un 17 por ciento el Estado y un 26 por ciento las CCAA, según el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, septiembre 2005)
Por si fuera poco, la Junta de Andalucía ha fijado, unilateralmente, un precio de 13 euros/hora para el colectivo de trabajadoras/res de ayuda a domicilio. Esta homologación, a todas luces insuficiente, va a provocar un gravísimo problema, ya que estos/as profesionales, que por ley deben tener una formación y prestar un servicio especializado de calidad llegarán difícilmente a cobrar 600 euros netos mensuales, cifra muy inferior a lo que actualmente están percibiendo. Asimismo, la progresiva desaparición de la ayuda a domicilio del Plan Concertado, de acuerdo con la ley de dependencia, va a provocar un retroceso en los derechos económicos adquiridos por miles de profesionales durante los últimos años. Serán muchos/as los/as trabajadores/as en toda Andalucía que se verán afectados negativamente por la aplicación cicatera de los 13 euros/hora.
El conflicto laboral está latente, y por lo tanto la garantía de la prestación del servicio puede quebrar. Mientras tanto, la administración socialista continúa sin atender las peticiones que se vienen realizando desde el Partido Popular. En muchos casos, se están vulnerando los principios que inspiraron la ley, al primar las prestaciones económicas, en lugar de las prestaciones de servicios. Por parte de la administración socialista, se corre el riesgo de transformar unas ayudas económicas que deberían ser extraordinarias y de naturaleza social, en simples prebendas monetarias que en ningún caso solucionan el problema. La falta de centros especializados que garanticen la autonomía personal les lleva a optar por una subvención, y esta no es siempre la mejor alternativa.