LD (EFE) La asociación de Jueces para la Democracia ha calificado como "inaceptable" la "intromisión" del Ejecutivo en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial, después de que la vicepresidenta primera del Gobierno haya expresado su deseo de que el CGPJ imponga la máxima sanción al juez Rafael Tirado. En un comunicado, Jueces para la Democracia (JpD) se refiere así a la entrevista publicada el pasado domingo por el diario El País, en la que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que espera que el CGPJ imponga tres años de suspensión al juez Tirado, que fue multado con 1.500 euros por no ordenar ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.
JpD considera inaceptable para la democracia que los miembros del Ejecutivo, de forma reiterada, se inmiscuyan en cómo otro poder del Estado debe ejercer las funciones que la Constitución le reserva. "Estas manifestaciones traslucen una preocupante concepción sucursalista del Gobierno judicial, ahondando en la percepción social de dependencia política del Consejo General del Poder Judicial", añade la nota.
"Instrumentalización" del caso Mari Luz
Asimismo, la asociación progresista denuncia la "instrumentalización" que se está haciendo del asesinato de la niña Mari Luz Cortés para trasmitir un mensaje que, " bajo apariencia de empatía social, sólo busca eludir las responsabilidades políticas sobre un estado general de patológica burocratización de la Justicia". En este sentido, Jueces para la Democracia cree que "ya es hora de poner sobre la mesa los errores del Gobierno" en la gestión de la Justicia y su "escaso impulso" a la modernización del sistema judicial.
Tras asegurar que las declaraciones de miembros del Gobierno reclamando la máxima sanción, sin hacer una sola referencia a la situación de la Justicia, "nos recuerda un ejercicio irresponsable del poder que creíamos ya superado", JpD insiste en que el Poder Judicial no es un apéndice del Ejecutivo y en que no respetar su independencia es "una gravísima irresponsabilidad".
JpD considera inaceptable para la democracia que los miembros del Ejecutivo, de forma reiterada, se inmiscuyan en cómo otro poder del Estado debe ejercer las funciones que la Constitución le reserva. "Estas manifestaciones traslucen una preocupante concepción sucursalista del Gobierno judicial, ahondando en la percepción social de dependencia política del Consejo General del Poder Judicial", añade la nota.
"Instrumentalización" del caso Mari Luz
Asimismo, la asociación progresista denuncia la "instrumentalización" que se está haciendo del asesinato de la niña Mari Luz Cortés para trasmitir un mensaje que, " bajo apariencia de empatía social, sólo busca eludir las responsabilidades políticas sobre un estado general de patológica burocratización de la Justicia". En este sentido, Jueces para la Democracia cree que "ya es hora de poner sobre la mesa los errores del Gobierno" en la gestión de la Justicia y su "escaso impulso" a la modernización del sistema judicial.
Tras asegurar que las declaraciones de miembros del Gobierno reclamando la máxima sanción, sin hacer una sola referencia a la situación de la Justicia, "nos recuerda un ejercicio irresponsable del poder que creíamos ya superado", JpD insiste en que el Poder Judicial no es un apéndice del Ejecutivo y en que no respetar su independencia es "una gravísima irresponsabilidad".