LD (M. Llamas) “El libre mercado ha muerto en EEUU”, según advirtieron este sábado los senadores republicanos críticos con este rescate. El sábado 20 de septiembre de 2008 será recordado en los anales de la historia financiera como el día en el que se aprobó la mayor intervención pública en el ámbito financiero desde la Gran Depresión. Y ello, una jornada después de que aconteciera lo inconcebible por muchos: la quiebra del sistema financiero estadounidense. El Supercrash, tal y como avanzó Libertad Digital.
Y es que, el Gobierno intervino ante el riesgo real de que el sistema financiero, tal y como lo conocemos hoy, terminara en un “colapso total”, según ha admitido el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y las propias autoridades estadounidenses. Y ello, bajo el pretexto de evitar un “mal mayor”.
Los salvavidas de los bancos centrales no han servido
De este modo, queda constatado que las masivas inyecciones de liquidez llevadas a cabo por los principales organismos reguladores de los mercados financieros (bancos centrales) no han servido absolutamente de nada. Y es que, no se trata de una crisis de liquidez sino de solvencia financiera, tal y como avanzó LD.
El plan que está ultimando el Gobierno de EEUU, junto a las autoridades monetarias, pretende ser presentado la próxima semana al Congreso y, en principio, cuenta con el apoyo del rival de los republicanos para ocupar la Casa Blanca la próxima legislatura, el demócrata Barack Obama.
Poco a poco se van conociendo algunos detalles del paquete de medidas, puesto que existen diversas áreas a tratar. Una de las más costosas será la dirigida a adquirir la mala deuda que acumulan los balances de las entidades financieras del país. El viernes todo apuntaba hacia la creación de una Superagencia federal destinada a tal fin. Sin embargo, el borrador de la propuesta establece que será el departamento del Tesoro de EEUU el que finalmente se encargará de dicha tarea.
El Gobierno sí crea una Superagencia
Pese a ello, de la letra pequeña del plan se podría deducir que, en realidad, sí se trata de una Superagencia federal, ya que la propuesta consiste en conceder poderes especiales al actual secretario del Tesoro, Henry Paulson, que gestionará como estime conveniente toda la operación de limpieza bancaria, empleando para ello los impuestos de los ciudadanos e incrementando la deuda pública del país.
La nueva Superagencia dispondrá, en principio, de 700.000 millones de dólares (será más) de los contribuyentes. A ello, se podrían sumar otros 400.000 millones para garantizar los money market, según algunos de los detalles del rescate avanzados el viernes.
Es decir, cerca de 1,2 billones de dólares de los contribuyentes, en base a los cálculos iniciales, y a la espera de que se ultimen todos los puntos del paquete de medidas. Además, para sufragar el enorme coste de la operación, el Gobierno solicitará al Congreso la ampliación de la capacidad de endeudamiento público del país hasta los 11,3 billones de dólares.
En concreto, el borrador de la propuesta enviada el sábado al Congreso establece que el Tesoro se hará cargo de la nacionalización de la mala deuda bancaria. Y su secretario, Henry Paulson, será el máximo responsable de la mayor intervención gubernamental en el mercado financiero de EEUU desde el crack del 29.
Paulson obtendría poderes especiales durante 2 años
Así, Paulson estará “autorizado a realizar y financiar los compromisos de compra, en los términos y condiciones que determine, relacionados con los activos hipotecarios de cualquier institución financiera que tenga su sede en EEUU”, tal y como recoge la nueva ley. Además podrá disponer del personal federal y cargos que estime convenientes para llevar a cabo tales funciones, así como crear las “instituciones financieras” al servicio del Gobierno que considere, informa Bloomberg. De ahí, el término Superagencia, pese a que opere bajo el nombre del Tesoro.
Además, podrá tener pleno acceso a todo tipo de contratos financieros. También podrá crear los vehículos que estime necesarios para la compra y adquisición de los activos tóxicos. De este modo, Paulson podrá gestionar, del modo que estime oportuno, la compraventa de los activos bancarios adquiridos en virtud de esta ley.
Pero no termina ahí. De hecho, la norma establece que el secretario del Tesoro podrá disponer y gestionar directamente los “beneficios” que obtenga la agencia de la venta en el mercado de este tipo de activos que, previamente, haya adquirido con descuento (cuyo precio también determina Paulson) a las entidades en riesgo. De hecho, el texto recoge que parte de ese futuro dinero podrá ser empleado para el pago de “gastos administrativos de la entidad”.
Inmunidad ante los Tribunales
Sin embargo, el dato más alarmante de todos es el siguiente: Las decisiones adoptadas por el Secretario de conformidad con la autoridad de la presente ley no serán “revisables”, la acción de la Superagencia estará sometida a la “discreción” (es decir carencia de información o auditoría pública).
Es más, tales actuaciones gubernamentales, no podrán “ser revisadas por los tribunales de Justicia o cualquier otro organismo administrativo”. Tan sólo se establece la necesidad de informar cada 3 meses el primer año, y cada 6 después, a los comités parlamentarios implicados en la operación.
En cuanto al ámbito financiero, el coste para las arcas públicas y los contribuyentes es histórico. En concreto, el plan establece que Paulson podrá disponer, en “cualquier momento”, de 700.000 millones de dólares para la compra de activos hipotecarios de mala calidad en manos de los bancos. Para hacerse una idea de lo que implica esta cifra, equivale casi al 70 por ciento del PIB de España, el presupuesto del Pentágono o el coste directo de la Guerra de Irak.
Dudas sobre el fondo económico del plan
Aquí está una de las principales dudas. Y es que, según los expertos consultados por LD, ello permitiría convertir al Tesoro en un vertedero ilimitado de activos ilíquidos. ¿Cómo? El término, “en cualquier momento”, implicaría que una vez comprados los citados activos a un precio de descuento (también fijado por Paulson) podría venderlos en el mercado al valor que determine igualmente el secretario.
Sin embargo, tales beneficios podrían descontarse del límite máximo fijado por esta norma (700.000 millones), de tal forma que el Tesoro podría seguir adquiriendo activos tóxicos de modo ilimitado durante un plazo máximo de dos años.
Además, surgen dudas acerca de cómo valorar este tipo de activos hipotecarios ilíquidos (sin posibilidad de salida en el mercado). Y es que, en caso de que el Gobierno aplique una tasa de descuento muy elevada, las entidades afectadas se verán obligadas a recapitalizar nuevamente sus balances. Es decir, obtendrán nuevas e importantes pérdidas.
Mientras, en caso de que el Tesoro adquiera estos productos a valores cercanos a los que figuran en los balances de los bancos (muy por encima de su valor real), el problema entonces será para el contribuyente estadounidense ya que, en última instancia, tendrá que sufragar con su dinero la diferencia entre el valor real (de mercado) y el contable de dichos activos. De este modo, la factura final alcanzaría cifras desorbitantes.
Más deuda pública
Por otra parte, el texto contiene una petición al Congreso para poder elevar el endeudamiento del país a 11,3 billones de dólares. Es decir, casi dos billones de dólares (dos veces el PIB de España) por encima de lo programado en 2007 (un 20 por ciento más), y 1 más que el límite establecido el pasado mes de julio (hace apenas 3 meses).
De hecho, los analistas estiman que tales medidas multiplicarán a corto y medio plazo la deuda pública actual que sobrevuela sobre las cabezas de los contribuyentes (unos 5 billones de dólares), que se aproxima al 30 por ciento del PIB.
En este sentido, cabe recordar que tan sólo la nacionalización de los gigantes hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac, costará 1 billón de dólares a los estadounidenses, según los cálculos iniciales barajados por Standard & Poor´s ante la posible llegada del Armagedon (el peor escenario posible), tal y como avanzó Libertad Digital. De hecho, en un principio el Tesoro anunció que el coste del rescate público ascendería tan sólo a 25.000 millones de dólares. De momento, lleva inyectados cerca de 200.000 millones.
Además, la adquisición de la abultada deuda hipotecaria que garantizaban ambas entidades (más de 5 billones) obligará al Gobierno a duplicar la deuda pública del país a corto y medio plazo.
Nace, pues, la Treasury Proposal to Buy Mortgage-Related Assets. La nueva Ley que, a la espera de ser concretada y aprobada en el Congreso, otorga a Paulson la “autoridad” máxima para adquirir activos hipotecarios en EEUU de dudosa calidad crediticia. La viabilidad y solvencia de los bancos dependerá en, gran medida, de las decisiones que adopte el nuevo boss de la plaza financiera más importante del planeta.
Otras intervenciones públicas
Sin embargo, tal medida tan sólo es una parte parcial del plan. Existen otras áreas pendientes de ser negociadas. Algo que, sin duda, incrementará el coste inicial del rescate. Así, por ejemplo, los demócratas abogan por sufragar los costes hipotecarios de las familias embargadas debido al impago de sus hipotecas, entre otras acciones de intervención pública.
Asimismo, falta determinar el papel que jugarán los gigantes hipotecarios en el mercado inmobiliario estadounidense, y el fondo con el que contará finalmente el Seguro de Depósitos Federal (SEC) a fin de garantizar temporalmente los fondos mutuos, que colocan liquidez en el mercado de dinero (money market). Unas inversiones consideradas muy seguras hasta ahora, pero algunas de las cuales han registrado pérdidas.
A ello, se suma la prohibición de operar al descubierto a 800 entidades de inversión en EEUU. Medida que se prolongará, en principio, hasta el próximo 2 de octubre.
Críticas al plan
Ante el profundo impacto económico y extensión de la intervención pública que contiene el plan del Gobierno, no es de extrañar que hayan surgido críticas al respecto. Así, algunas de las bases del Partido Republicano se han llevado las manos a la cabeza. El senador Jim Bunning aseguró que las medidas de intervención que ha bosquejado el Tesoro supone "eliminar el libre mercado e instituir el socialismo en EEUU".
“El libre mercado ha muerto” en este país, afirma. Curiosamente, Bunning ha sido uno de los miembros republicanos más destacados en oponerse al nombramiento de Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal (EEUU).
El motivo estriba en que Bunning estaba convencido de que la estrategia monetaria que seguiría Bernanke sería muy similar a la efectuada hasta el momento por Alan Greenspan (bajada arbitrarias de los tipos de interés). Una de las principales causas de los problemas financieros que acontecen hoy en día, tal y como adelantó este periódico.
Mientras, el republicano Ron Paul, y candidato a presidir el Partido durante la precampaña electoral, también ha sido uno de los más destacados políticos en rechazar la irresponsabilidad monetaria cometida por la Fed, con el apoyo del Gobierno, durante los últimos años.
Bush justifica la intervención
Por el contrario, el presidente de EEUU, George W. Bush, justificó este sábado el intervencionismo de su Gobierno. “Es un precio grande para un problema grande”, afirmó Bush, en una comparecencia en la Casa Blanca junto al presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
El mandatario reconoció, tanto en su comparecencia como en el discurso radiofónico de los sábados, que va a recibir críticas por esta medida intervencionista, que ha sido calificada como la más importante desde la Gran Depresión de los años 30.
El mandatario reconoció, tanto en su comparecencia como en el discurso radiofónico de los sábados, que va a recibir críticas por esta medida intervencionista, que ha sido calificada como la más importante desde la Gran Depresión de los años 30.
Consecuencias
Los defensores del libre mercado argumentan que estos deben corregir por sí solos sus propios desajustes. Además, el actual crack deriva de la intervención gubernamental efectuada durante los últimos años en los mercados de crédito y la política monetaria. Pese a ello, Bush insiste en elevar la intervención. "Cambié de parecer cuando los expertos me informaron de la gravedad significativa de este problema. Se actuó para evitar el descalabro total", indicó.
Los defensores del libre mercado argumentan que estos deben corregir por sí solos sus propios desajustes. Además, el actual crack deriva de la intervención gubernamental efectuada durante los últimos años en los mercados de crédito y la política monetaria. Pese a ello, Bush insiste en elevar la intervención. "Cambié de parecer cuando los expertos me informaron de la gravedad significativa de este problema. Se actuó para evitar el descalabro total", indicó.
Para justificar su decisión, Bush anunció a la ciudadanía que "nuestro sistema de libre empresa se basa en la convicción de que el Gobierno federal debe intervenir en el mercado sólo cuando es necesario". "Tomé la decisión con los expertos y a largo plazo estaremos bien", argumentó.
El problema, sin embargo, radica en que tales medidas dispararán el déficit fiscal y la deuda pública de EEUU. ¿Consecuencias? Tres grandes riesgos a primera vista, según los analistas consultados por LD. La calidad de la deuda estadounidense corre peligro, el dólar se depreciará y EEUU sufrirá una larga e intensa recesión que, incluso, amenaza con convertirse en la II Gran Depresión que sufre el país en su historia.