Transcurridos varios días desde la detención de Montesinos, podemos analizar su proyección de fondo sobre los sistemas políticos y económicos de Perú.
En lo político, reafirma el estado de derecho, dado que su enjuiciamiento conlleva que no hay impunidad para delitos gravísimos. Esto es vital para un país que ha de restablecer la confianza en las instituciones. Requiere que los poderes del Estado funcionen con autonomía y transparencia; la judicatura debe sentenciar conforme a derecho y el Parlamento legislar de acuerdo al criterio de sus mayorías, sin la presión de la intimidación o del soborno proveniente del gobierno.
Las investigaciones de los últimos meses han ido desvelando variadas conexiones de Montesinos con personas de las más diversas instituciones, llegándose a sostener que sus vinculaciones con miembros de las Fuerzas Armadas estructuraban un poder semiclandestino. Su procesamiento pondrá a prueba el compromiso de tales instituciones con el proceso de reinstalación democrática, lo cual no sólo se medirá a través de un esperado acatamiento a las resoluciones judiciales, sino también a través de la depuración de quienes cometieron actos ilícitos.
En lo económico, este hecho significa la reafirmación de una variable clave para el real funcionamiento de una estrategia de desarrollo fundada en el libre mercado: la transparencia tanto en los actos gubernativos como en la propia competencia empresarial, en la cual Montesinos intervenía con favoritismos.
El mercado, para que funcione adecuadamente y tenga legitimidad social, requiere de la ausencia de distorsiones ilegítimas. Hayek definía la libertad, de manera simple y profunda, como la ausencia de coacción ilegítima. Los sobornos y las extorsiones en los últimos años del fujimorato, fueron prácticas habituales, reñidas tanto con la ética como con la vigencia de la economía de mercado.
Si se pueden esclarecer tales situaciones y sancionar las responsabilidades penales involucradas en ella, no sólo se restablecerán los equilibrios en el funcionamiento del mercado, sino que se garantizará a los inversionistas, nacionales y extranjeros, que el Estado no interfiere indebidamente –y menos aún con hechos delictivos– en la libre competencia.
Montesinos formó parte de un gobierno al que, en una perspectiva histórica, hay que reconocerle algunos logros, como la neutralización de la amenaza terrorista y la recuperación de la economía después del caos en que la deja el populista Alan García. Sin embargo, todo ello terminó por ser ocultado por las prácticas autoritarias, por la personalización del modelo, por el afán de perpetuarse en el poder y por la permisividad de las prácticas criminales de este asesor presidencial.
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