Si hasta ahora hemos criticado que el Gobierno hiciera ampulosos discursos sobre la nueva coyuntura mundial –que, sin duda, favorece la lucha antiterrorista contra ETA–, pero sin concretar en ninguna iniciativa judicial de envergadura su declaración de guerra verbal, hoy es de justicia reconocer la importancia y audacia del golpe asestado a la estructura etarra por Garzón al ilegalizar las Gestoras Pro-Amnistía. Si no ésta en concreto, por lo menos éste es el tipo de actuaciones que demandábamos y por las que no cabe sino felicitar a quien criticamos: el Gobierno en general y el ministro del Interior Mariano Rajoy en particular.
Conviene señalar, no obstante, que –a pesar de que esta actuación de la Audiencia Nacional se enmarque dentro de la línea más ortodoxa de la lucha judicial y policial contra el terrorismo– hay dos circunstancias políticas que el Gobierno deberá valorar para el desarrollo de esta “guerra contra el terrorismo” que, con todas las comillas que queramos, corresponde a la situación internacional creada tras el Once de Septiembre. La primera es la identificación del PNV y Eusko Alkartasuna con la rama criminal del nacionalismo, cuya derrota interpreta no como un fracaso del terrorismo etarra sino como una derrota estratégica del nacionalismo en su conjunto. Esa identificación se puso en marcha cuando las movilizaciones por el asesinato de Miguel Angel Blanco y desembocó en el pacto de Estella, máximo grado de conjunción e identificación en un proyecto único separatista del PNV, ETA y compañeros de viaje desestabilizador como Izquierda Unida.
La segunda circunstancia, nacida del mismo análisis anterior, es que –precisamente a la luz de la nueva situación internacional creada por la masacre de Nueva York y demás fechorías criminales del fundamentalismo islámico– se ha producido ya un fenómeno, el desarme del IRA, que el nacionalismo vasco llamado democrático y moderado, aunque no sea ninguna de las dos cosas, no ha sabido todavía asimilar, salvo con la extrañeza y el rechazo que suscita todo lo nuevo cuyo significado se escapa. Este desconcierto ante lo desconocido, el precedente de Estella y la actitud de huida hacia delante del gobierno de Vitoria, que sólo parece encontrarse cómodo en compañía de ETA y haciendo frente al Estado democrático español –basta consignar las ayudas a los presos etarras a costa del bolsillo de todos los vascos y de todos los españoles, incluidas las víctimas de ETA–, permiten suponer que el PNV va a movilizar todos sus efectivos, interiores y exteriores, para ayudar a su socio estratégico. Es decir, que se va a activar el "Complejo Arzallus".
Ese bloque de poder, básicamente antiaznarista pero también anticonstitucional, significa que en el área política Llamazares, Pujol, Beiras y los caudillos autonómicos felipistas que siguen la línea Cebrián-González se movilizarán de inmediato en defensa del PNV; y que en el área mediática “El País”, “Avui”, “La Estrella Digital” y demás medios de comunicación imantados por Arzallus harán subterráneamente cuanto puedan para sabotear esta estrategia antiterrorista e impedir el triunfo de España contra el terror, que para ellos sólo significa el triunfo del PP. Si Aznar abandonara su obsesión predatoria contra los liberales incontrolados y concentrase su capacidad persuasiva o disuasoria en las posiciones de la plaza de San Jaime y Valdemorillo, auténtica retaguardia estratégica del PNV, a lo mejor Garzón no se encuentra solo y vendido como en ocasiones anteriores. Si recordamos lo que una conjunción de nacionalistas y felipistas hizo en el Tribunal Constitucional, excarcelando a la Mesa de Herri Batasuna contra la condena del mismísimo Tribunal Supremo, hasta el Gobierno debería tener motivos de meditación.
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