Ningún ciudadano español puede dejar de pagar sus impuestos. Tampoco puede anunciarlo a bombo y platillo. Ibarretxe se ha situado de manera institucional, rodeado de su gobierno, en la posición de un presunto delincuente. Su gesto reviste mayor gravedad que la de una folclórica que no pague o un empresario que reivindique la objeción de conciencia ante el Estado fiscal. Para nada resulta comprensible que la no consecución de un objetivo soberanista lleve a eximirse unilateralmente de un deber legal.
La actitud de Ibarretxe es la propia de un golpista que rechaza el Estado de Derecho. Ni tan siquiera recurre ante los tribunales, mostrando completo desprecio hacia las instituciones y hacia la misma democracia. Al presunto delincuente, los empresarios le tienen que recordar obviedades.
Ahora se percibe con mayor nitidez por qué, ante este pulso al Estado, Prisa y el felipismo intensificaron el acoso a Redondo, y Zapatero lo desacreditó públicamente por el lógico plante en el debate de los Presupuestos ante la cacicada de Atutxa. Dicen fuentes internas de Prisa que hubo una reunión entre Juan Luis Cebrián y José Luis Rodríguez Zapatero en la que, entre otros acuerdos, se pactó retirar el calificativo de “sosoman” con el que, al parecer, denominaban a Zapatero en la televisión de Polanco. Jaúregui ha respondido bien al pulso de Ibarretxe, pero lo de la equidistancia entre el PP y el PNV propugnada por José Blanco no se entiende cuando el PNV va contra la Constitución y el Estatuto, contra el marco legal, e Ibarretxe se traviste de El Pernales y confunde El Gorbea con Sierra Morena. Ese Blanco, más parece gris.
La rueda de prensa de Ibarretxe, ¿no es motivo para que actúe el fiscal general del Estado? ¿No es una declaración nítida de deslealtad institucional contemplada en el artículo 155 de la Carta Magna? La extrema derecha vasca quiere acabar con la democracia por cuarenta mil millones de pesetas.
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