Ha llegado el momento de plantearse si la Constitución tiene una validez universal para todos los ciudadanos o no rige en el caso de algunos inmigrantes.
Una nación es un club privado que se rige por unos principios, un consenso básico. En el caso de España, esos principios están legitimados democráticamente y obedecen a una cierta idea del derecho personal, que pasa, por la convicción contrastada por la realidad de que las mujeres y los varones nacen y son iguales. No son aceptables costumbres que rompan esos principios básicos.
Resulta absurdo plantear una dicotomía entre los derechos personales y la libertad religiosa. Esta libertad, también reconocida constitucionalmente, no ampara la lesión de derechos personales. No ampara a fray Tomás de Torquemada, por citar un ejemplo. No existe un derecho a la libertad de expresión, sobre base religiosa, que permita predicar el exterminio de los infieles, la quema de los herejes o defender que las mujeres no tienen alma, la tienen pecaminosa o la reciben después de los varones. Todas estas cosas, como a veces se dice, fueron sostenidas por el cristianismo y por la Iglesia Católica. ¡Hace siglos! No tantos, desde luego: en 1820 fue asesinado públicamente por el arzobispo de Valencia un cuáquero. Costó muchas vidas y muchos esfuerzos de los liberales acabar con la Inquisición en la Constitución de 1812 hasta su abolición definitiva tras la muerte de Fernando VII.
Todas esas conquistas de libertad, reflejadas en la Constitución de 1978, son las que permiten que personas que no pueden sobrevivir o ser mantenidas en sus países puedan venir a trabajar. ¡El liberalismo no es un economicismo! La libertad no es divisible. No se puede defender la libertad económica, y tolerar la discriminación de la mujer. ¿Por qué algunos se rasgan con razón las vestiduras contra Fernández Trocóniz y se calzan la peluca empolvada de pseudoprogres ante el chador, el hijab, la burka, o cualquier otro símbolo de sumisión o inferioridad de la mujer?
Vaya por delante que en España no hay política de emigración, no hay relación con el trabajo, sino con la residencia. No tiene ninguna lógica que los inmigrantes, y el caso más problemático con mucho es el de los magrebíes y musulmanes, pretendan exportar unos principios que a ellos no les ha permitido salir adelante en sus atrasados, dictatoriales y reaccionarios países: es como si los emigrantes españoles hubieran intentando llevar a Alemania los principios dictatoriales de Franco.
La libertad religiosa no implica, en ningún caso, poder conculcar derechos personales. ¿Debemos considerar en el futuro la posibilidad de que en barrios españoles pues ya los hay con carácter racista y excluyente en los que sólo viven musulmanes se imponga la sharia? ¿Es una costumbre aceptable el asesinato del apóstata, como los musulmanes consideran imprescindible, y así se ha sostenido en los periódicos españoles? ¿O que se lapide a los adúlteros, en nombre de la libertad religiosa?
Blair ha planteado una nueva ley de inmigración que establece el juramento de las leyes inglesas. A mí me parece una obviedad y me remito no sólo a los principios, también a la experiencia, que los medios de comunicación se empeñan en ocultar, por ese temor atávico a lo políticamente correcto o a no parecer progresista que deben venir inmigrantes a trabajar, con contrato de trabajo, a través de las necesarias cuotas, y que deben jurar la Constitución. Si no se toman medidas ya, el sentido común terminará siendo, en efecto, el menos común de los sentidos como han demostrado Gallardón y su consejero Carlos Mayor Oreja y terminaremos ¡en nombre de la libertad religiosa! en los tiempos anteriores a la Pepa. La Constitución no puede admitir excepciones culturales sin dejar de tener sentido. O es para todos o no es para nadie. Es, ni más ni menos, que la igualdad de todos ante la ley, la piedra miliar de la democracia. Aunque Gallardón no lo sepa.
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