El pueblo llano y soberano viene siendo amonestado con contumaz insistencia para que adopte una serie de criterios esotéricos, supuestamente muy morales, incluso beatíficos, pero que pasan, en cualquier caso, por desconocer o negar la realidad. Por ejemplo, con tonos de fervorín los viejos clérigos –quienes desde la Universidad parecen haber pasado a los equipos editoriales de casi todos los diarios, llevando consigo su ignorancia ilustrada– insisten en que, contra la evidencia, no debe establecerse –porque es pecado mortal de imposible absolución– relación entre inmigración y delincuencia, entre caos inmigratorio y aumento de la inseguridad ciudadana. Eso sería “criminalizar la inmigración”. Anatema sit.
Los ciudadanos suelen ser más inteligentes que los melifluos inquisidores de lo políticamente correcto y disciernen, por lo general bastante bien, entre un emigrante económico que pide trabajo y otro que les asalta a punta de navaja, entre quien trata de salir adelante y quien “okupa” su chalet o apartamento en Torrevieja, como es fenómeno creciente que, con pelos y señales, revela la revista ÉPOCA.
Los ciudadanos suelen considerar que la emigración ha de estar relacionada con el trabajo, y en eso se muestran más sensatos que nuestros políticos y mucho más que los de la izquierda, modelo Zapatero, que es incapaz de darse cuenta que la impunidad actual viene de la estrambótica Ley de Extranjería del 98. Y de la actual, que siendo mejor, no la cumple nadie, ni la Policía, ni mucho menos los jueces, no sea que alguna ONG subvencionada o algún grupúsculo integrista, acuse a los demás de lo que son ellos: racistas.
Los Policías detienen poco –en la provincia de Alicante ha habido tres muy serios intentos de linchamiento...de policías locales, nacionales y guardias civiles–, los jueces no expulsan a nadie y los políticos dicen unas cosas en privado y otras en público, mientras se deteriora la situación en perjuicio de ciudadanos e inmigrantes pacíficos.
Hay algunos sitios donde el problema es más acuciante y los errores son más patentes. En Alicante, con prácticas mafiosas, se están tomando barrios enteros, como el mismo centro, a espaldas de La Explanada, con un tono racista, excluyente, donde el Estado de Derecho es una quimera. Entre el silencio de los corderos (para no alarmar, dicen off the record los responsables policiales), desde hace meses viene creciendo un nuevo delito: la “okupación” o usurpación de chalets y apartamentos. Madrileños –tan aficionados a Alicante, Torrevieja, Orihuela o Santa Pola– y gentes del centro de España pueden encontrarse con la sorpresa de un inquilino que está viviendo a costa de ellos en su casita de la playa. Es recomendable, dada la conspiración de silencio, llamar al Ayuntamiento, a la Policía Local, o pasarse a ver cómo está la casa, si desvalijada, “okupada” o en el estado normal de una sociedad civilizada.
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