Si alguien tenía alguna duda de que el nacionalismo es el origen ideológico del terrorismo, la reacción de los partidos nacionalistas, mal llamados moderados, y del propio gobierno vasco, en plena línea de desobediencia civil, la despeja. No hay en esa postura histérica e histriónica la defensa de ningún derecho personal, sino el interés de que los terroristas (callejeros, de baja intensidad, bla, bla, bla) sigan actuando con la suficiente impunidad para que mantengan muertos, heridos o amedrentados a los constitucionalistas. ¡Así ganaba las elecciones Adolfo Hitler!
La comparación, hecha por Azkarraga, de Garzón con Hitler y Franco responde a las estupideces propagandísticas del imaginario nacionalista, que más bien proyecta sus demonios familiares, porque la ideología –por llamarla de alguna manera– de Sabino Arana es nazi y hitleriana, y supera varios pueblos al franquismo en integrismo católico. Es, además, una desfachatez, porque resulta notorio que Garzón fue el tenaz perseguidor del dictador Pinochet. Así, el auto –tan dentro de la recuperación del sentido común– se mueve en esa misma filosofía de defensa de los derechos humanos y las víctimas. Lo que no entra en esa filosofía, sino en la del totalitarismo, es que un asesino como Josu Ternera esté en la “Comisión de Derechos Humanos” del Parlamento vasco. Pues vaya Comisión y vaya Parlamento, donde la mitad de los diputados han de acudir con escolta. Como tampoco que el entorno etarra sea subvencionado por el Gobierno vasco, desviándose impuestos de las víctimas hacia los verdugos. El nazismo es Batasuna, no Garzón.
Hace tiempo que el nacionalismo ha difuminado nociones básicas de diferencia entre el bien y el mal, incluso dentro del episcopado católico, que ha llegado a pedir la eliminación del espíritu crítico, “sean cuales sean las relaciones de Batasuna con Eta”.
El Gobierno vasco está preparando a la opinión pública para una campaña de desobediencia civil independentista. Y en ese punto, el Gobierno de la nación tiene la legitimidad –el derecho y el debe– para hacer cumplir la Ley. En una democracia, no hay patente de corso –ni de Ibarretxe, ni de Josu Jon Imaz, ni de Azkarraga– para la ilegalidad, porque entonces se acaba la democracia.
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