A estas horas, nadie se sitúa como mentor en el PP del nombramiento de Ana Palacio, por lo que la responsabilidad recae por completo en José María Aznar. El curso acelerado que está recibiendo la ministra no tiene hasta el momento resultados alentadores. Lo ganado con una política de fortaleza, parece perdido en poco tiempo por una imagen de cesión, en la que incluso la ministra no parece haberse hecho valer como mujer ante el machista Benaisa. Marruecos está acostumbrado a la cesión española desde los infaustos tiempos de la marcha verde, y en eso seguimos.
Incluso el agradecimiento a Colin Powell entraña una trampa saducea. A Estados Unidos le puede convenir más la alianza petrolífera con la corrupta monarquía alauí. España tiene que recomponer de inmediato su estrategia europea, respecto al flanco mediterráneo, y actuar con menos titubeos, con menos complejos de culpa y con menos quintacolumnistas al servicio aparente del PP, pero luego a favor de los intereses marroquíes. La obligación del Gobierno de la nación es defender el interés nacional y su integridad territorial.
En la cuestión fundamental del Sahara, donde España, con la firma del actual rey, no supo defender los derechos de personas que habían estado bajo su soberanía, no sólo no se puede ceder, sino que habría que recuperar el discurso de los derechos y los principios, si no nos queremos convertir en la constante excusa exterior –Ceuta, Melilla, Canarias y Al Andalus– para ocultar los problemas interiores de Marruecos. Claro que si la ministra se convierte en la entusiasta cónsul de Mohamed VI no llegaremos muy lejos. Haber vuelto al statu quo en Perejil hubiera sido que ondeara ahora la bandera de España. Esa que quizás, al margen de discusiones arquitectónicas, debería ondear en la lujosa casa del Príncipe, en vez de su emblema personal, por la sencilla razón de que se sufraga con el dinero de todos los españoles.
Política de cesión ante Marruecos
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