El pasado viernes, el Consejo de ministros acordó una nueva aportación al fondo para el pago de pensiones contributivas, con una cantidad cercana a los 1.200 millones de euros, con lo que el fondo supera ya los 7.400 millones. ¿Tranquilidad para los pensionistas? A la espera de un conocimiento más exhaustivo de la nueva ley que ha enviado el gobierno al Congreso, y que protegerá este fondo para evitar que pueda utilizarse para llevar a cabo otros pagos distintos de los de las pensiones contributivas, se pueden hacer distintas consideraciones sobre su naturaleza.
En España, los ingresos y los gastos públicos de las tres administraciones públicas, la central, la autonómica y la local, se integran para calcular el superávit, equilibrio o déficit de esas cuentas. Los ingresos y gastos de la seguridad social –entre estos los de las pensiones contributivas– son parte de los de la administración central; las cuentas de la seguridad social no son cuentas aisladas, independientes de las del resto de los organismos públicos. En aplicación de ese carácter sumatorio, los últimos años ha sido posible lograr casi el equilibrio presupuestario, porque el superávit de la seguridad social ha compensado el déficit del resto de la administración central.
Si ahora, para dar, en teoría, mayor seguridad a los pensionistas de que sus ingresos no corren riesgo, se establece, por la nueva ley, la constitución de un fondo específico para que sólo pueda gastarse en pensiones contributivas, será necesario proceder de la siguiente forma:
1º. El superávit de la seguridad social, si lo hay, no podrá compensar otras cuentas de la administración central, –o sumarse a ellas si son positivas–, en la cuantía en que se determine que se quiera que crezca ese fondo durante el ejercicio de que se trate.
2º. Si no hay superávit de la seguridad social y, sin embargo, se quiere dotar un año determinado ese fondo, la cantidad que se apruebe deberá tener la consideración de gasto público, a efectos de calcular la situación presupuestaria.
Hay otra forma de proceder, si se quiere menos transparente: considerar que la cuantía de ese fondo tiene la misma consideración que hasta ahora, con lo que no afectaría a la situación presupuestaria, pero separarlo del resto de la deuda pública, con lo que habría deuda pública estatal de dos categorías diferentes, la deuda pública general y la deuda pública con la que se financia el fondo de pensiones.
En este caso, podríamos encontrarnos con que, por ejemplo, si esa normativa se aplicara a 2002, el déficit público sigue siendo el mismo, 0,2% del PIB, que el hasta ahora conocido, pero los 1.200 millones de euros de la nueva aportación sería nueva deuda pública, que, en su conjunto, crecería, además de por el déficit del 0,2%, por esos 1.200 millones de euros. Y, así, España, cumpliría el criterio de déficit, y su plan de estabilidad, pero la deuda pública no bajaría en términos de PIB; pero este hecho no tendría relevancia, porque España ya está por debajo del 60% de deuda pública en relación al PIB. Aunque no estoy nada seguro de que la SEC-95 considere posible esta combinación.
Si no se toma ninguna de esas decisiones todo el ejercicio de consolidación del “fondo de pensiones” es un absurdo teórico. El fondo no sería otra cosa que la capacidad de endeudamiento público, que no está restringido por ningún tratado.
Seguramente, el ejecutivo no habrá contemplado ninguna de estas alambicadas posibilidades y todo sean lucubraciones sin sentido. Y el fondo, en consecuencia, no exista. Pero mi desvarío tiene lógica, porque es absurdo querer asegurar las pensiones con un fondo como el que se anuncia.
En España, el gasto en pensiones contributivas, supone, aproximadamente, el 8% del PIB, anualmente. El total del “fondo de pensiones” suma, hasta ahora, tras los mejores años que se recuerdan de ingresos de la seguridad social, 7.400 millones de euros, apenas el 1% del PIB. Por más dinero que se acumule en ese fondo, nunca será suficiente para atender una mínima parte de las pensiones contributivas anuales.
Nuestro sistema es de reparto y no de capitalización. Y, aunque sería positivo hacerlo mixto, no parece serio querer hacerlo con los excedentes de la seguridad social, que siempre serán abiertamente insuficientes. Hay otros caminos, ya analizados por múltiples instancias, para capitalizar nuestro sistema, pero nadie había pensado en una vía tan ilusoria como la que ahora se pretende.
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