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Carlos F. Cáceres

Responsabilidad política y penal

La consolidación democrática comenzó con la aprobación de una Constitución Política que contiene principios e instituciones de enorme valor y reconocidos por todos como fundamentales

En mi calidad de ministro del Interior entre 1988 y 1990, fui actor de los pasos que se dieron para que Chile transitara en orden y paz hacia una plena democracia, proceso reconocido y apreciado por todos los sectores.
 
Muchos piensan que la estabilidad y progreso de hoy fueron fruto exclusivo de los acuerdos políticos de esa época. Es una conclusión errada. No cabe duda de que fueron de importancia para generar un ambiente de paz social, previo a la consolidación de la voluntad democrática.
 
Sin embargo, la realidad más profunda radica en que lo logrado en esas circunstancias fue posibilitado por la solidez ya alcanzada en las bases del sistema institucional chileno.
 
La consolidación democrática comenzó con la aprobación de una Constitución Política que contiene principios e instituciones de enorme valor y reconocidos por todos como fundamentales. Ahí están consagrados, entre otros, los derechos de las personas, cuya vigencia se garantiza como en ningún texto constitucional precedente, destacando el respeto a la vida y a la integridad física y psíquica, la libertad individual y el debido proceso; la garantía del derecho de propiedad, entregando a la vez instrumentos eficaces para su efectivo resguardo; el Banco Central independiente, que ha realizado un aporte estabilizador, con autonomía y rigor técnico, dentro de un ambiente de consenso; a ello se agrega el itinerario para alcanzar, en 1990, la plenitud de la democracia.
 
Lo logrado en los campos político y económico no fue sencillo ni exento de escollos. El país salía de una crisis de enorme magnitud, cuyo origen estuvo en un clima de odio y violencia que envolvió a todos. Estas circunstancias podrían haber derivado en una ruta distinta de la que finalmente se siguió. Allí, Sergio Fernández, como ministro del Interior, hizo una propuesta clara y fundada para avanzar hacia la democratización del país, y tuvo la voluntad de liderar un proceso decidido y sistemático en ese sentido.
 
Esa tarea tuvo que realizarse dentro de restricciones y condicionantes que no siempre permitían, en el ejercicio de la prudencia política, alcanzar lo que pudiese ser considerado mejor. Lo importante fue dar los pasos e influir para que se transitara en la búsqueda de la meta definida. Sergio Fernández lo hizo, empeñando su mejor esfuerzo, y los resultados permitieron al país tener un orden institucional en el cual se ha fundado su crecimiento y bienestar.
 
Sólo compete a la historia juzgar si, atendidas las circunstancias, ese camino se pudo transitar mejor o se pudo hacer más para mitigar el dolor de algunos. Personalmente, me asiste la certeza de que ese juicio lo favorecerá ampliamente.
 
Sin embargo, asistimos a un intento de radicar ese pronunciamiento en los tribunales de justicia, mediante el expediente de imputarle la comisión de delitos en que ninguna participación le cupo, pretendiendo asignarle responsabilidades con la mera especulación de que, dada su investidura, no podía menos que conocer lo que estaba sucediendo. Así se ha aseverado ya en el procesamiento de otros dos distinguidos ex ministros del Interior, que igualmente hicieron un destacado aporte al progreso de Chile.
 
No corresponde a los tribunales emitir juicios sobre el devenir político del país. Hacerlo sería apartarse de su misión y del deber de actuar con prescindencia e imparcialidad. Más criticable aún sería que, para ello, se imputare la comisión de delitos, dañando la honra y el prestigio de las personas, y haciendo interpretaciones y conjeturas que exceden el marco que impone la ley vigente, los principios jurídicos y la más elemental racionalidad. Decir que una persona es responsable porque no pudo menos que saber en función del cargo que ocupó es atribuirle responsabilidad objetiva, por el solo hecho de haber servido el cargo.
 
Confiamos en que los propios tribunales, en el ejercicio de sus atribuciones, se opondrán a la injusticia que se pretende cometer. No hacerlo generaría desconfianza en el orden institucional, con las consecuencias negativas que ello tiene para que la sociedad chilena continúe su desarrollo en un ambiente de respeto y paz cívica.

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