En el reciente anuario La inmigración en España en 2006, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, se viene a confirmar lo que cualquiera sabía menos el ministro del ramo, del ramo de disparates, o sea Caldera. Vuelve a haber dentro de nuestras fronteras tantos irregulares como antes de la demagógica feria socialista del "papeles para todos". Si querían arreglar un problema, han fracasado: el problema se mantiene en las mismas dimensiones, casi 700.000 indocumentados. La regularización de Caldera había alcanzado a 580.000 personas.
El "efecto llamada" era cierto, las críticas de la oposición española y de las autoridades de la Unión Europea justificadas y más que atinado el toque de atención de Sarkozy antes de acceder a la presidencia francesa. El Gobierno Z debería rendir cuentas por este grave error, que concierne a la dignidad de las personas y al mantenimiento de la paz social. La izquierda lo negará, por supuesto, pero tal huida de la realidad no hará más que profundizar un desencuentro con bolsas de votantes que se suponen "naturales" al progresismo.
Los beneficios del Estado del Bienestar son sostenibles dentro de unos cauces demográficos, unos índices de desempleo, un nivel de usuarios de la Seguridad Social, unas tasas de presencia en la escuela pública y algo lejanamente parecido a un reparto proporcional de las ayudas a la vivienda, etc. Si se rompen los equilibrios, empiezan a suceder cosas desagradables. En primer lugar, se altera la percepción ciudadana de la inmigración: hoy, el 60 % de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes. ¿Se da cuenta el Gobierno de lo que esto significa si España sufre un repunte del desempleo? Es el caldo de cultivo para brotes xenófobos, planteamientos racistas y refuerzo de formaciones de extrema derecha hasta ahora insignificantes.
Claro que para el inteligentísimo progrerío patrio la extrema derecha, o la derecha extrema, es el PP. Se ve que van bien orientados. Acabarán de orientarse del todo cuando sus votantes "naturales" señalen con el dedo al extranjero a la hora de identificar al culpable de su situación. Lo cual será una catástrofe, pues lo cierto es que había otra forma de enfocar todo esto.
Pasaba por admitir, primero, la necesidad de acoger flujos migratorios ordenados y tasados para servir ofertas de trabajo que no encontraban –ni encuentran aún– su demanda entre la población activa española. Seguía por reconocer los derechos del inmigrante exigiendo el simétrico cumplimiento de sus obligaciones, dándoles acceso –en igualdad de condiciones con los españoles– a los beneficios del sistema. Sin límites en aquello que atañe a una vida digna, según el concepto de una democracia europea como la nuestra. Continuaba por hacer cumplir las leyes, preservar la seguridad jurídica y, sobre todo, no premiar la ilegalidad, esa aberración tan del gusto de Z. Ahora ya es tarde.
