La noticia que ha publicado el diario El Mundo sobre la magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Elisa Pérez Vera, pone bochornosamente de manifiesto el grado de politización de nuestra Justicia y las escasas esperazas que podemos albergar en que ese Tribunal suponga un obstáculo firme para el estatuto soberanista catalán. Según manifiesta ese diario, Pérez Vera ha suprimido los fundamentos jurídicos que ponían a salvo las competencias del Estado en el borrador de una sentencia que declaraba inconstitucionales muy pocos preceptos del Estatut. Lo más escandaloso es que esta magistrada es la misma que en 1996, presidiendo el Consejo Consultivo de Andalucía, elaboró un dictamen en el que animaba a la Junta a recurrir ante el TC el sistema de financiación aprobado por el Gobierno de Aznar por considerar inconstitucional la cesión a las autonomías del 30 por ciento del IRPF.
Debemos tener en cuenta que la Disposición Adicional Octava del Estatuto de Cataluña establece que "el primer proyecto de ley de cesión de impuestos que se apruebe a partir de la entrada en vigor del Estatuto contendrá un porcentaje de cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 50% (...). Igualmente, se propondrá aumentar las competencias normativas de la comunidad en dicho impuesto". Eso, por no recordar que el recurso interpuesto por el PP ante el TC no se opone al hecho en sí de que puedan cederse tramos del IRPF a las comunidades autónomas, sino a que sea el Estatuto de Cataluña el que predetermine el contenido del sistema de financiación "ordenando" al Estado cómo debe regular competencias que le son propias y, por tanto, "situándose por encima de la potestad legislativa de las Cortes para decidir lo que considere conveniente en materia de cesión de impuestos estatales".
Siguiendo el planteamiento que Pérez Vera expuso en aquel escrito, debería estar más que clara su oposición tanto al contenido de fondo (la cesión del impuesto) como a la forma en que el Estatut determina esa obligación al Estado. Está visto, sin embargo, que separar a los magistrados entre "conservadores" y "progresistas" o hacer referencia a la designación política de sus miembros, resulta, con todo, escaso para explicar y denunciar lo que, más que eso, supone una auténtica y escandalosa disciplina de partido en el caso de esta magistrada.
Dicen que la presidenta María Emilia Casas está dispuesta a prolongar todavía más las deliberaciones, con tal de no tener que utilizar su voto de calidad para deshacer un hipotético empate entre los magistrados favorables y oponentes a la constitucionalidad del estatuto de marras. Naturalmente, no voy a negar que esa proporción convertiría la sentencia en un escándalo político de primera magnitud. Pero lo realmente bochornoso es que haya algún magistrado dispuesto a dar el visto bueno a un estatuto de tan clamorosa inconstitucionalidad y del que Pasqual Maragall, uno de sus promotores, terminó admitiendo que era necesario una "reforma previa de la Constitución" para darle cabida. Por lamentables que también sean los tres años de deliberaciones, hace falta ciertamente mucho tiempo para maquillar a este pulpo como animal de compañía.