La "reserva de desconfianza" de la ciudadanía hacia el Gobierno que consagró por sufragio universal hace ya casi año y medio crece sin que el PSOE pueda hacer nada más que destruir, aún más, los lazos democráticos que lo llevaron al poder. La aprobación de leyes con escaso respaldo parlamentario, que ni siquiera estaban en el programa del PSOE, minan la legitimidad de este Gobierno a la par que potencian esa "reserva de desconfianza" que es vital para el mantenimiento de la democracia. Entre esas leyes destaca la del aborto, que muy pronto se aprobará sin el necesario consenso para generar credibilidad en este Ejecutivo.
Esta ley, o mejor la presentación y defensa de esta ley, es todo un modelo del declive de la democracia en España. Es todo un resumen de la política de Rodríguez Zapatero que trata de compatibilizar emocionalmente represión y propaganda gubernamental, ruptura de las instituciones y creación de una nueva legalidad dependiente únicamente del partido en el Gobierno. La reducción de cualquier tipo de racionalidad a meros sentimientos subjetivos, cuando no a "puras corazonadas" del líder represor, es la clave del populismo de Zapatero. La represión social, jurídica y, sobre todo, democrática que ejerce sobre la mayoría real del país es suavizada con altas dosis, a veces excesivas, de propaganda que ha conseguido anestesiar a una porción importante de la población.
Reprimen las voces discrepantes, niegan libertades elementales, pero lo ocultan con una retórica sensiblera sobre la creación de nuevos derechos, por ejemplo, el derecho de que las mujeres menores de edad aborten a sus fetos sin previa consulta a sus padres. Se suprime el "sentido común", primero, y después se cuestiona todo tipo de racionalidad deliberativa que pueda alcanzarse a través de los múltiples procedimientos de las democracias complejas. Las leyes se hacen de espaldas a esos consensos racionales, pero se presenta como conquistas públicas y privadas de las que Rodríguez Zapatero y los socialistas serían sus vanguardias.
En esa dramática circunstancia de deriva democrática, de populismo resentido con la actual ley que penaliza el aborto, es menester situar las declaraciones del ministro de Justicia sobre los médicos y enfermeros que se nieguen a practicar abortos. El ministro de Justicia, según ya es norma en los ministros de Rodríguez Zapatero, no advierte a los ciudadanos, a los profesionales de la medicina y enfermería, sobre las consecuencias democráticas de su conducta, sino que los amenaza. No explica sino que reprime. La ley del aborto, incluso antes de ser aprobada por la famosa mayoría socialista, está siendo esgrimida como instrumento de represión. Lo importante no es la ley en sí misma, según el proceder del ministro de Justicia, sino que pueda utilizarse contra el imaginario simbólico de aquellos ciudadanos que se opongan a ella por su evidente falta de consenso, carencia de racionalidad y, sobre todo, porque afecta al ser íntimo o conciencia del ser humano, que es condición necesaria para construir su identidad ciudadana.
Los médicos y enfermeros que se nieguen a practicar abortos, según el ministro de Justicia, por motivos y razones de conciencia, que son la base última de todo orden político de carácter democrático, serán perseguidos por desobedecer la ley de Rodríguez Zapatero y los socialistas. Quienes se nieguen a colaborar en un aborto porque, según sus conciencias, están contribuyendo a la muerte de un ser humano, serán perseguidos por los aparatos represivos del Estado. Quienes se nieguen a practicar abortos, sencillamente, porque defiendan los derechos fundamentales de un no-nacido pueden verse privados de su libertad.
¿Por qué todo ese afán represor del ministro? ¿Por qué no reconocer el derecho de objeción de conciencia que está amparado en la Constitución española? Porque para el régimen estatuido por Rodríguez Zapatero la ley, por injusta y arbitraria que sea, está por encima de la conciencia de los ciudadanos. No hay, según los socialistas, posibilidad de objeción de conciencia. Ésta no existe, según el ministro de Justicia, porque no hay una ley que regule tal derecho. La mayoría socialista, por supuesto, no legislará sobre el asunto. He ahí la síntesis del régimen de Zapatero: todo, incluso convertir el delito de aborto en un derecho, es posible con una "ley". Los socialistas, sí, han hecho saltar por los aires una de las bases del Estado de Derecho, la objeción de conciencia, pero les da igual. Han dinamitado el respeto democrático a quien disiente de una norma por motivos de conciencia y, además, trata de criminalizar al objetor llamándole "desobediente civil".
En efecto, por si la ignominia de cuestionar la objeción de conciencia fuera poco en un asunto tan complejo como el del aborto, el ministro de Justicia criminaliza la "desobediencia civil", que es, sin lugar a duda, en las democracias más desarrolladas el fundamento último del sistema democrático. Caamaño perseguirá por desobedientes civiles a los médicos y enfermeros que se nieguen a practicar abortos. Sin saberlo, más aún desconociendo las bases de la división de poderes del Estado de Derecho, el ministro de Justicia ha dado un argumento para el desarrollo de la democracia. Sí, sí, Caamaño perseguirá con toda seguridad a quienes no presten sus buenos oficios médicos para practicar abortos, pero sepa que estará persiguiendo a ciudadanos que "crean también genuinos derechos".
La desobediencia civil, lejos de la estigmatización que hace de ella Caamaño, es el otro gran fundamento del derecho moderno, en realidad, del Estado de Derecho. O sea, sin desobediencia civil el derecho quedaría reducido a lo que dijera el más fuerte y violento, o el más gracioso y populista; por suerte, el desobediente civil tiene tanta legitimidad como el "gobernante", arbitrario o no, para crear derechos, y si no lean la famosa distinción de Montesquieu: "Llamo facultad de estatuir al derecho de ordenar por sí mismo o de corregir lo que otro ha ordenado. Llamo facultad de impedir al derecho de anular una resolución tomada por otro."
Repase, señor ministro de la cosa de la justicia española, el libro XI, y más en concreto el capítulo 6, del Espíritu de las leyes, y entenderá por qué el desobediente civil no sólo es un referente clave de las democracias más desarrolladas y complejas del mundo contemporáneo, sino también es el principal factor para que crezca la "reserva de desconfianza" en un Gobierno que, insisto, el mismo pueblo consagró. Eso se llama, señor ministro, poder democrático de obstrucción. Cuando desaparece tal poder, según pretende su Gobierno, desaparece la democracia.