Cuando el Gobierno todavía seguía instalado en la insostenible buena acogida que había brindado a los apenas maquillados herederos de Batasuna, planteé, desde estas mismas páginas, la posibilidad de que Sortu no fuese "más que un señuelo con el que ocultar un plan B".
Con posterioridad, el Gobierno endureció su discurso y anunció su decisión de instar a través de la Fiscalía la ilegalización de Sortu, lo que, unido al persistente silenciamiento de los tejemanejes que se llevan los proetarras y Eusko Alkartasuna, no vendría si no a reforzar esa hipótesis de que existe "un plan B con el que los proetarras podrían volver a colarse y el Ejecutivo fingir que ha sido a su pesar".
Me permitirán, sin embargo, que vuelva ahora en eslalon con Sortu, a pesar de que la única posibilidad que tiene de colarse en las instituciones sería que el Tribunal Supremo asumiera como suyo el trabajo sucio con el que Zapatero y la Fiscalía no se han querido tan ostentosamente manchar.
Si tenemos en cuenta el historial del Alto Tribunal respecto a las formaciones que han ido sucediendo a Herri Batasuna, no hay nada que temer al respecto. Es cierto que sus magistrados no ilegalizaron en tiempo y forma a PCTV y ANV, pero fue a su pesar y debido al hecho de que la fiscalía no les pidió en su momento que se pronunciaran sobre ello, tal y como valientemente le reprocharon en consideración obiter dicta en la sentencia en la que ilegalizaron las escasas listas de ANV que Conde Pumpido sí sometió a su enjuiciamiento.
Sin embargo, el recuerdo de una reciente y bochornosa sentencia del Supremo, que ha anulado una condena de Otegui, y, sobre todo, la reunión que esta semana han tenido con Zapatero, el presidente del Supremo Carlos Dívar, el ministro de Justicia, y el vocal del CGPJ y antiguo emisario del Gobierno ante la ETA, Manuel Gómez Benítez, han excitado mi suspicacia.
Espero de verdad que esa reunión se haya dedicado, tal y como se ha dicho oficialmente, a cuestiones sobre la "agilidad de la justicia". Pero en el caso de que se haya tratado de Sortu, espero también que un no siempre previsible Dívar se comportase en esa reunión con la misma dignidad con la que, siendo presidente de la Audiencia Nacional, nada más comenzar la anterior tregua de ETA, calificó de "incitación a la prevaricación" los infames llamamientos gubernamentales a jueces y fiscales para que "no fueran obstáculo" y para que se avinieran a "ensuciar sus togas con el polvo del camino" teniendo presente las "nuevas circunstancias". Lo digo porque no menor "incitación a la prevaricación" habría ahora si el Gobierno desacreditara en privado el recurso de la Fiscalía contra Sortu diciendo que estaba obligado a ello más por razones políticas que jurídicas.
Lo que me parece evidente, con absoluta independencia de cual haya sido su papel en esa intrigante reunión, es que un personaje como Manuel Gómez Benítez no puede seguir siendo vocal de un órgano como el Consejo General del Poder Judicial desde que se supo de su sucio papel de interlocutor ante criminales prófugos de la justicia. Más aun, cuando esta misma semana se negaba a responder, ante las cámaras de Telemadrid, si era o no cierto, tal y como aseguran actas incautadas a ETA, que puso en valor ante los dirigentes de la banda la comisión del delito de colaboración con banda armada del Faisán como prueba de la buena voluntad de diálogo del gobierno. Eso, sin olvidar que fue Gómez Benítez, quien, presuntamente, adquirió ante la banda terrorista el compromiso de que el gobierno no instigaría la ilegalización de Jarrai y del PCTV.
En conclusión, que tenemos que estar alerta ante todas las formas con las que ETA puede volver a colarse en las instituciones. Lo malo del señuelo no es que atraiga nuestra atención, sino que la monopolice. Y puestos a tratar de la "agilidad de la Justicia", que se note con una rápida sentencia contra Sortu, que dé tiempo y margen para maniobrar contra un plan B como el que constituye la alianza de los proetarras con Eusko Alkartasuna.