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Federico Jiménez Losantos

El franquismo ha prescrito, el antifranquismo, no

En España, el antifranquismo sigue en vigor a efectos políticos. Únase al corporativismo profesional el sectarismo político y se entenderá que se califique de "errores" lo que para el magistrado Maza son escandalosos alardes de prevaricación.

Como en el caso de la extorsión a bancos y empresas que debían pasar por su banquillo, Garzón se ha beneficiado de la voluntad corporativista de sus colegas y ha sido absuelto de unas de las fechorías más grotescas de su ya finiquitada carrera. Y la razón es la misma: que su carrera está finiquitada, y que han sido sus propios colegas de la judicatura los que no han tenido más remedio que darle el finiquito. No ha estado mal la retribución del colegueo: dos absoluciones en dos casos en los que era tan culpable como el ajo del mal aliento y el alcohol de garrafón de la resaca matinal.

En el caso de lo que, para la acusación particular, era una descarada extorsión a bancos y empresas que podían pasar y pasaban por su juzgado, tenemos un documento que salva la cara de la Justicia: el auto del juez Marchena que pesará de forma indeleble sobre la valoración que pueda hacerse en el futuro de este pájaro togado y puñeterilmente acicalado. Ah, y forrado en términos que no se compadecen con su sueldo en la Audiencia. 

En el caso de los denominados "crímenes del franquismo", el honor de la Justicia o del decoro intelectual lo lava el magistrado del Supremo José Manuel Maza, con un voto discrepante en el que no apela a la obviedad de que sólo desde la prevaricación puede entenderse que Garzón se atreviera a juzgar lo que no podía juzgar, ya que en 2008 admitió a trámite, pese a la Ley de Amnistía, lo que en 1998 negó a los que querían investigar los crímenes de Carrillo en Paracuellos precisamente por esa Ley de Amnistía. Pero hay, además, una argumentación del magistrado Maza que debería haber compensado el corporativismo compensatorio del Supremo: el mal ejemplo que para los jueces españoles del futuro supone la absolución de un juez que, con la Ley en la mano, no es que haya prevaricado, sino que se ha recreado en la prevaricación. Está en estas dos frases:

¿Es que a partir de ahora el Juez español puede desobedecer las leyes patrias, las dictadas por nuestro Parlamento soberano, porque encuentre criterios u opiniones ajenos a nuestro Derecho que coincidan con su particular modo de ver las cosas?

Pocas veces se habrá visto un ejemplo más claro de lo que es una prevaricación judicial, cuando el Juez elige aquellos criterios que se compadecen con su voluntad, independientemente de su origen, razón o eficacia, para justificar con ellos el incumplimiento del mandato de la norma que verdaderamente le vincula.

Seguro que al magistrado Maza no se le oculta que hay dos razones para plantear estas preguntas. La primera es que los jueces pueden evitar el corporativismo una vez, como el árbitro que pita un penalti contra el equipo de casa, pero, si son malos, compensarán perdonando un par de expulsiones al equipo perjudicado aunque sea en la aplicación simple y llana de la Ley.

La segunda es de orden ideológico. En España, el franquismo ha prescrito legalmente, el antifranquismo sigue en vigor a efectos políticos. Únase al corporativismo profesional el sectarismo político y se entenderá que se califique de "errores" lo que para el magistrado Maza son escandalosos alardes de prevaricación. Todavía los comunistas siguen llamando "errores en la construcción del socialismo" a las decenas de millones de asesinados por Stalin, ese genocida que, de nacer en España, se hubiera llamado Acerín.

En España

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