Mucho se ha especulado sobre si la bochornosa sentencia de conformidad que ha otorgado impunidad a los acusados en el caso Pallerols obedece a un deseo de Rajoy de conceder a Unió Democràtica de Catalunya un trato de favor a través de la Fiscalía a cambio de que el "moderado" Duran desactive el aun más delictivo proceso secesionista que se ha desatado en Cataluña. Teniendo en cuenta el carácter de Rajoy, su falta de principios, su miope cortoplacismo, su renuencia a entrar en polémicas con los nacionalistas y su vértigo a la hora de hacer cumplir la ley, no me extrañaría nada en absoluto que el presidente del Gobierno incurriera en esa ilusa, inmoral y contradictoria estupidez de tratar de preservar la unidad de España debilitándola como Estado de Derecho.
En cualquier caso, más vergonzoso que la impunidad con la que se ha zanjado este caso de financiación ilegal o con la que se podría saldar el caso de corrupción que presuntamente afecta a los Pujol, es la que impera en beneficio de los gobernantes de Cataluña, autores de un delito continuado de desobediencia respecto a lo que han dictado las sentencias de nuestros más altos tribunales respecto a la coactiva e ilegal inmersión lingüística que allí se perpetra.
Es más: desde que el pasado domingo se supo que el gobierno secesionista de CiU, gracias a Rajoy, va a ver ampliada este año la ayuda extraordinaria proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica nada menos que hasta los 8.300 millones de euros –esto es, más de un tercio de los 23.000 millones de euros con los que cuenta este Fondo destinado a que los gobernantes autonómicos no tengan que cumplir con su obligación de ajustar sus gastos a sus ingresos-, Mas y sus socios se han puesto manos a la obra para llevar a cabo su carísimo y delictivo proyecto de "construcción nacional": si el lunes nos informaban de la creación de un Consejo de Transición Nacional, el martes el portavoz Francesc Homs anunciaba la creación de una Secretaría de Hacienda germen de una ilegal Agencia Tributaria propia, una de esas "estructuras de Estado" que dicen querer tener desplegadas antes de celebrar su ilegal consulta soberanista. El miércoles, nos volvían a recordar, por enésima vez, su determinación de pasarse los objetivos de reducción del déficit por el mismo sitio por donde se han pasado las sentencias del Supremo, la ley Wert, o la supuesta pretensión de Montoro contraria a gravar los depósitos bancarios.
También esta semana hemos tenido noticia de una inusitada actividad en las llamadas "embajadas catalanas" de cara a propagar lo que Mas en su día calificó, en batasuna expresión, la "internacionalización del conflicto". Finalmente, este jueves CiU y ERC nos han anunciado que ya han pactado el texto de la declaración de soberanía que aprobarán en el pleno del día 23, un documento de menos de tres folios en el que expresan su voluntad de "ejercer el derecho a decidir" y hacer efectiva la constitución de Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco de la UE.
Y mientras tanto, el Rey, el presidente del Gobierno, el fiscal general del Estado, el presidente del CGPJ y, salvo raras excepciones, los directores de los medios de comunicación españoles, mirando para otra parte.
Ante el hecho de que nuestras elites se han convertido en un cúmulo de dejaciones, no faltarán quienes traten de justificarlas diciendo que, por bochornoso que sea, todo esto que relato no son más que preparativos de un delito que aun no se ha consumado y que tal vez no llegue a consumarse. Sin embargo, desde hace ya muchísimo tiempo, se debería haber enviado a los separatistas un disuasivo aviso a navegantes, que no consistiera únicamente en que no se le va a reconocer efectos jurídicos a los resultados de esa ilegal consulta, sino también de que sus convocantes serán castigados por incurrir en un delito de usurpación de atribuciones y de desobediencia.
Desgraciadamente, sin embargo, los separatistas hasta ahora solo están percibiendo del Estado español señales de impunidad, por no hablar de generosas muestras de financiación.