Cuando aquella ministra de Zapatero, Carmen Calvo, dijo que el dinero público no es de nadie manifestó algo más que ignorancia. Expresaba una presunción muy frecuente en España. Por diversos motivos, cuesta aquí relacionar el dinero público y los impuestos; cuesta asociar, digamos, ese supermegaeropuerto que acaban de inaugurar donde no vuelan ni las moscas con lo que uno paga a Hacienda. Quizá estos tiempos de escasez modifiquen tales pautas, inducidas por viejas costumbres políticas: el candidato promete dar, pero no refiere lo que va a quitar. Sea como fuere, el cuadro clínico incluye la dificultad de relacionar en qué se gasta el dinero de nadie con la papeleta que se introduce en la urna.
Las campañas electorales autonómicas han pasado de puntillas sobre estos asuntos tan terrenales, tan pedestres y tan primordiales, pues ¿qué otra cosa más importante tiene en sus manos un gobierno que la gestión de un presupuesto multimillonario? Alguna excepción hubo, pero no llegó a alterar el hábito: las campañas siempre eran de gasto, apenas de impuestos y jamás de ahorro. La época de las vacas gordas no contribuyó a hacer visible aquel estrecho vínculo ni estimuló al votante a una vigilancia. Cuando el dinero fluye, ¿quién se pone quisquilloso?
Ahora que se ha puesto la lupa sobre el gasto público, cabe esperar que termine esa prolongada adolescencia y que el electorado premie o castigue al gobernante también, y sobre todo, por su gestión del dinero de todos. Para ello, si una comunidad autónoma decide recortar el gasto cerrando centros de salud y no clausurando chiringuitos identitarios, ha de ser el votante el que tenga la última palabra sobre la procedencia de esa escala de prioridades. Porque si es el Gobierno central, como algunos proponen, el que hace de señorita Rottenmeier, y fija qué gasto es superfluo y cuál es necesario, no se saldrá del estado de irresponsabilidad.
Cosa distinta es que el Gobierno fiscalice a qué dedican las autonomías el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. Esa línea de crédito obliga a quienes se acogen a ella a un pliego de condiciones, a pagar los vencimientos de deuda y, por supuesto, a su devolución. Ahí, toda supervisión es poca, y el Gobierno central manda o debe mandar como la troika y sus hombres de negro en los países intervenidos. Pero si CiU quiere mantener teles y embajaditas, la Junta de Andalucía su tinglado de la Memoria Democrática y tal gobierno del PP sus subvenciones a la lengua propia, mientras recortan en sanidad y educación, eso es materia a dirimir entre los partidos y los votantes. Lo propio de la mayoría de edad.