No es la primera vez que el Constitucional advierte que la Ley permite que los magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar dentro de ellos cargos de carácter directivo. Ya hicieron esta advertencia en 1988 –sin que El País entonces se escandalizara- en un auto en el que los magistrados rechazaron un recurso de amparo planteado por Ruiz Mateos.
Por ello, más que el patinazo jurídico de considerar que los miembros del Tribunal Constitucional están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que los miembros del Poder Judicial, cosa que no es cierta, lo que más me asombra de El País es su hipocresía al señalar la militancia de Pérez de los Cobos en el PP como prueba de una politización de la Justicia de la que, por lo visto, el diario de Prisa no tenía constancia hasta ahora.
Claro que la Justicia, en general, y el Tribunal Constitucional, están politizados. Ya lo estaban antes de la llegada de Pérez de los Cobos al Constitucional y lo seguirían estado aunque mañana mismo este magistrado se fuera a su casa. La politización de los Altos Tribunales se debe, no a que sus miembros puedan estar afiliados a un partido político, sino al hecho de que son los partidos políticos los que los designan y los cesan.
Si ha de presumirse que Pérez de los Cobos, por el hecho de haber sido simple militante del PP, debe obediencia al partido de Rajoy, también debería presumirse la obediencia al PSOE de los altos cargos de pasados gobiernos socialistas que están actualmente en ese Tribunal, entre ellos, Fernando Valdés, ex director general del Servicio Jurídico del Estado y coordinador del programa electoral del PSOE en Economía, Trabajo y Pensiones con el que Zapatero se presentó a sus primeras elecciones.
Esa politización de la Justicia, que El País solo parece percibir en el caso de Pérez de los Cobos, es la que también explica que un hombre de la máxima confianza de Zapatero, como Gómez Benítez, que negoció con ETA y, presuntamente, puso en valor ante los terroristas el chivatazo policial del Bar Faisan, fuera nombrado posteriormente nada menos que miembro del Consejo General del Poder Judicial.
Ver ahora a El País y demás enterradores de Montesquieu rasgándose las vestiduras por la politización de la Justicia me ha recordado al hipócrita Capitán Renault de la película Casablanca cuando denunciaba el "escándalo" que suponía que en el Rick´s Cafe se jugara, algo que él ya conocía y de lo que había sacado pingües beneficios.
Es el sistema de designación política de los magistrados de nuestros Altos Tribunales lo que los convierte en correa de transmisión de los partidos políticos. Una reforma que sólo se limitara a declarar incompatible la pertenencia al Constitucional y a un partido político no sería más que un homenaje que el vicio rinde a la virtud; esto es, un acto de hipocresía.
Y es que lo que no es decente, mejor que no lo parezca.