Ante la noticia de que la ETA está sopesando la posibilidad de colocar a algunos de sus pistoleros recientemente excarcelados en las listas de sus legalizados brazos políticos –Bildu, Sortu o Amaiur–, el ministro del Interior ha considerado que la organización terrorista "no tiene voluntad de disolverse", sino que pretende perpetuarse como "actor político", lo que, a su parecer, es "inadmisible".
Hombre, sin pretensiones de mantener un orden cronológico, lo "inadmisible" es que una clase dirigente como la que padecemos haya dejado en papel mojado la Ley de Partidos y dado sobrados motivos a ETA para celebrar públicamente el "haber ganado la batalla de la ilegalización".
Lo inadmisible es no haber hecho todo lo política y jurídicamente posible para impedir una sentencia como la que dictó Estrasburgo sobre la etarra Inés del Río, para luego, encima, utilizarla de excusa para hacer excarcelaciones masivas de otros sanguinarios terroristas de la banda.
Lo inadmisible es ver a un ministro del Interior utilizar el hecho de que, junto a los etarras, hayan salido a la calle violadores y otros delincuentes en serie, para hacernos creer que dichas excarcelaciones constituían, en realidad, una "derrota" de ETA.
Lo inadmisible –y ya entonces una razón más que suficiente para no votarlo– fue ver a un candidato a la presidencia del Gobierno como Mariano Rajoy celebrar al alimón con Rubalcaba el nauseabundo y chantajista comunicado de "alto el fuego definitivo" como una "buena noticia", ocultando para ello tanto las concesiones políticas que habían precedido a dicho comunicado como los chantajistas y vanagloriosos términos en que los etarras lo habían redactado.
Lo inadmisible fue ver a un recién nombrado ministro del Interior, el mismo Fernández Díaz, asegurar, "para que lo sepa todo el mundo", que le constaba que el Estado de Derecho "no ha estado en suspenso durante el mandato de mis antecesores"; cuando lo cierto era que, al margen del chivatazo en el bar Faisán, ya entonces eran públicas y notorias las reuniones con ETA en las que el Gobierno de Zapatero, además de perpetrar el delito de omisión del deber de detener delincuentes, había llegado al compromiso de derogar la Doctrina Parot.
Lo inadmisible fue ver, poco después, a ese mismo ministro del PP excarcelar al torturador de Ortega Lara y mentir al asegurar que "prevaricaría" si no lo soltaba.
Lo inadmisible es que aún estén sin detener Josu Ternera y otros terroristas que todavía no han rendido cuenta alguna ante la justicia, y ver al mismo tiempo al ministro del Interior afirmar que su objetivo es la "disolución" y la "entrega de las armas". ¿Que diríamos de un ministro que, ante el Violador del Punzón o ante cualquier banda de atracadores de banco, dijese que su objetivo es que el violador entregase el punzón o que la banda de atracadores se disolviera? Pues estas inadmisibles declaraciones se las oímos día sí y día también a nuestro inadmisible ministro del Interior con respecto a ETA, sin no poca aceptación.
Lo inadmisible es que, por culpa de nuestras élites políticas y de su subordinado poder judicial, ETA pueda aspirar a colocar a Txikierdi o a Kubati en cualquiera de sus tolerados brazos políticos. Lo inadmisible, en definitiva, es que una justa pena de prisión como la que castiga a Arnaldo Otegi por tratar de burlar la ilegalizada Batasuna se haya convertido en tan monumental acto de hipocresía.