Hace hoy dos años que Mariano Rajoy calificaba de simple "algarabía" una multitudinaria manifestación que, bajo el lema "Cataluña, un nuevo Estado de Europa", celebró la Diada de forma abiertamente secesionista. Aunque Artur Mas no quiso participar en ella, sí le dio un claro respaldo y dejó clara su determinación de valerse de ella de cara a la reunión que, pocos días después, tendría con Rajoy para abordar el inasumible, inconstitucional y mal llamado pacto fiscal. "Si no hay acuerdo", afirmó Mas ese mismo día, "el camino de Cataluña hacia la libertad está abierto".
Ni que decir tiene que si algo urgente tenía Rajoy que tratar con el presidente catalán en aquella reunión era la forma en la que este pensaba reducir su descomunal gasto autonómico para cumplir los objetivos de déficit público vinculados a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero Rajoy no se atrevió a ser él quien planteara las exigencias, limitándose a denegar las que le planteaba el gobernante nacionalista.
En mi opinión, cualquier gobernante responsable, sensato y leal a su deber de hacer cumplir la ley, debería haber dejado claro al dirigente nacionalista, ya en esa misma reunión, su determinación de hacer uso de esas facultades de intervención administrativa como se le ocurriera ponerse al frente del movimiento secesionista, en lo que era y sigue siendo un abierto desafío a nuestra nación y a nuestro Estado de Derecho. Por lo menos, Rajoy debía haber condicionado, ya entonces y claramente, cualquier ayuda financiera extraordinaria a la Administración regional catalana a la desactivación de lo que era mucho más que una simple algarabía.
En lugar de ello, Mas salió con la convicción de que no le iba a faltar ni impunidad ni financiación extraordinaria de cara a proseguir su carísimo e ilegal "proceso de construcción nacional", que va –por cierto– mucho más allá de la ilegal celebración de una consulta soberanista. Desde entonces, Rajoy no ha hecho otra cosa que reforzar esa convicción de Mas, tanto a través una privilegiada ayuda financiera a la Generalidad, como negándose a disuadir al gobernante autonómico en rebeldía advirtiéndole de las sanciones penales y políticas que operan en cualquier Estado de Derecho.
La vista gorda ante el déficit catalán, la tolerancia a la desobediencia de la Generalidad a las sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística y una financiación extraordinaria a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica han tenido el mismo efecto en los nacionalistas que el que tuvo la posterior oferta del Gobierno del PP de ofrecer un "singular" y "nuevo" modelo de financiación a la Generalidad, muy similar al mal llamado "pacto fiscal" que Rajoy había denegado cuando aun creía –o quería creer– que todo era una pasajera algarabía. No menos contraproducente ha sido la temeraria falta de atrevimiento de Rajoy a la hora de hacer pedagogía y rebatir en la arena pública los delirios identitarios del nacionalismo como su falaz argumentario del Espanya ens roba.
No se. Tal vez la negativa del Tribunal Constitucional de dar valor jurídico a los resultados de la ilegal consulta soberanista –sólo faltaba eso– lleva a Mas a no convocarla. Pero, desde luego, hemos llegado a un punto que, aunque Mas decidiera obedecer, por una vez, lo que digan nuestros Altos Tribunales, el secesionismo catalán no dejará de sacar tajada de un desafío a la nación española que debería haber sido sofocado judicial, económica y, sobretodo, políticamente, desde un primer momento.