Mucho le ha molestado a Artur Mas que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntase por "la cuantía del dinero de los catalanes que la Generalidad piensa gastarse en su Estado paralelo". Aunque el presunto delincuente que preside la Generalidad no haya querido dar una cifra exacta, ha asegurado que todo lo relativo a las "estructuras de Estado" supone un porcentaje "prácticamente ínfimo" de los presupuestos autonómicos de 2015, en los que el 71,2 % de los recursos –ha asegurado– se destinan a políticas sociales.
No me parece a mi tan "ínfimo" el porcentaje que se deduce de la respuesta dada por el propio Artur Más, ni tan ínfima debe de ser la cantidad, si tenemos presente que las sobredimensionadas administraciones regionales españolas son, de toda la OCDE, las que manejan el mayor porcentaje de dinero extraído a los contribuyentes.
En cualquier caso, aunque Mas destinara un solo euro a esas ilegales "estructuras de Estado", estaríamos ante un claro delito de malversación de fondos públicos, delito que no depende de su cuantía, sino del destino que se le da.
Es cierto que Artur Mas ya está imputado, entre otros, por un delito de malversación de fondos públicos; pero dicha imputación no ha ido acompañada de dimisión alguna, salvo la del fiscal general del Estado que se atrevió a instarla, y sólo se refiere a los fondos públicos destinados a perpetrar la ilegal consulta secesionista, ya consumada, del 9-N.
Nada se ha hecho, sin embargo, para impedir que este presunto delincuente siga malversando fondos del contribuyente en beneficio de otras no menos clamorosas ilegalidades como son una Agencia Tributaria propia, un Consejo Asesor para la Transición Nacional catalana, una red de embajadas destinadas a la "internacionalización del conflicto" y tantos otros organismos en abierto desafío a nuestro ordenamiento jurídico.
Entiendo que no siempre será fácil perfilar y determinar la ilegalidad de todas y cada una de las piezas que componen el llamado "proceso de construcción nacional": por astronómica que sea la cantidad de dinero, por ejemplo, que la Generalidad se gasta en propagar, a través de la TV3, la causa secesionista y los delirios identitarios que la sustentan, siempre podría alegar que no está haciendo otra cosa que sustentar un servicio público, perfectamente legal, como es una televisión autonómica. Otro tanto se podría decir de la educación al servicio de la identidad nacional catalana, que Artur Mas enmarca en las llamadas "políticas sociales".
Sin embargo, hay otros organismos que tienen una transparente y fundacional vocación de desafío a nuestro ordenamiento jurídico, como los anteriormente mencionados, y que el propio Mas denomina con razón "estructuras de Estado", contra los que nada se hace. Por el contrario, Mariano Rajoy sólo parece preocupado por el hecho de que este tan costosísimo como ilegal proceso de construcción nacional acarree a la Generalidad la suspensión de pagos y a él la obligación de intervenirla, no ya por razones legales, sino económicas. Ese es el motivo por el que lejos de impedirlo, el gobierno del PP sigue financiando, tan indirecta como decisivamente, todo el proceso secesionista a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica. Pero, en fin, en esas estamos y en esas seguimos, para mayor gloria de la nación catalana y mayor vergüenza de la nación española.