Buena parte de la prensa progubernamental, más que a criticar el victimismo nacionalista, se dedica a encubrir la decisiva responsabilidad del Gobierno de la nación en el ilegal proceso secesionista que se está viviendo en Cataluña. Buen ejemplo de ello nos lo ofrece este mismo lunes el diario ABC, con un editorial y un reportaje sobre la financiación de la Generalidad catalana en los que no se hace la más mínima crítica al Gobierno de Rajoy por el hecho de que el Estado haya inyectado desde 2012 a la Administración regional catalana más de 40.000 millones de euros a través de distintos mecanismos de asistencia, que concentran más del 40% del Fondo de Liquidez y protagonizan el mayor rescate regional de nuestro país.
Bien está que el diario madrileño advierta también de que estas ayudas extraordinarias le han supuesto a la Generalidad otros 8.000 millones de ahorro en intereses o que la Administración regional catalana será la que recibirá más recursos del sistema en 2016, con cerca de 17.200 millones de euros, el 25% del total y un 12% más que en el presente ejercicio. Sin embargo, ¿es de recibo que el Gobierno de Rajoy destine tan generoso y privilegiado reguero de fondos a una Administración regional que, en abierto desafío a nuestra nación y a nuestro Estado de Derecho, los destina en gran medida a financiar su carísimo e ilegal proceso de ruptura?
Para refutar el victimismo nacionalista y la supuesta falta de financiación autonómica no hace falta tamaña e injusta financiación extraordinaria. Basta ver el porcentaje del dinero del contribuyente que maneja la Generalidad y compararlo con el que maneja cualquier otra Administración regional del mundo, incluidas las de los Estados federales. Para que se hagan una idea: las autonomías españolas ya gestionan en circunstancias normales un 50% más de ingresos fiscales que los länder alemanes.
Financiar de manera extraordinaria la Administración que dirige el "premier golpista" o "enemigo del Estado" –tal y como oportunamente califica a Artur Mas la prensa alemana– no es forma de refutar el victimismo nacionalista, sino una forma de asumirlo y de alimentarlo. El nacionalismo aspira a que la Administración regional acapare el 100% de los impuestos que pagan los catalanes, aspiración tan injusta e inadmisible como sería la del Ayuntamiento de Barcelona si pretendiese administrar todos los impuestos que pagan los contribuyentes de la Ciudad Condal.
Los delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de atribuciones que entraña el proceso secesionista catalán serían absolutamente implanteables no sólo con un presidente del Gobierno dispuesto a hacer cumplir la ley, sino simplemente con uno opuesto a destinar recursos extraordinarios a una Administración regional que ya destina ingentes recursos ordinarios a esos delictivos menesteres.
Pero está visto que Rajoy, con tal de evitarse su deber de intervenir, no sólo no quiere saber nada del artículo 155 de la Constitución, tampoco de los "mecanismos de sanción e intervención" que contempla su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo más patético de todo es que muchos son los que creen que así se desmonta el victimismo nacionalista.