No sería la primera vez que en España se defiende la impunidad del delincuente con la excusa de no querer convertirlo en mártir. Con todo, no es este pedestre pero muy extendido argumento el que utiliza el catedrático de Derecho Penal de la UNED Luis Rodríguez Ramos para oponerse en El Mundo a lo que denomina la "criminalización del independentismo catalán y sus promotores". Argumenta este jurista de desconocido prestigio que "recurrir al Derecho Penal para resolver el desafío secesionista debería ser la última de las opciones, ya que si el problema tiene raíz política, la solución ha de buscarse en la política, evitando cruzar la línea de lo delictivo".
Para empezar, y aunque todos debamos ser conscientes del largo historial criminal del nacionalismo en nuestro país –nacionalismo catalán incluido–, nadie está acusando a los gobernantes autonómicos catalanes ni a su proceso secesionista de la comisión de crimen alguno. De lo que se les está acusando es de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones o malversación de fondos públicos; es decir, de la comisión de una serie de delitos, palabra que en inglés se traduce como crime pero que en español no tiene por qué significar necesariamente crimen. Por otra parte, ningún delito, como tampoco ningún crimen, tiene derecho a la impunidad por el hecho de tener una motivación política.
Con todo, Rodríguez Ramos no se limita a estas falacias para "no criminalizar" al independentismo: más grosero es su empeño en que nos fijemos en los hipotéticos delitos que el independentismo podría cometer en el futuro para, así, no ver los que ya ha cometido impunemente, como son su reiterado incumplimiento de la sentencias de nuestros más altos tribunales en materia lingüística, su ilegal consulta secesionista del 9-N o las no menos ilegales estructuras de Estado que la Generalidad ya ha puesto en marcha. De ahí su absurda delimitación de los límites penales en el llamado delito de rebelión y el de sedición.
Aunque no falten quienes consideren que los gobernantes separatistas de Cataluña ya podrían ser juzgados también por estos delitos, las ganas de Rodriguez Ramos de "no criminalizar" al independentismo radican en el hecho de ni siquiera mentar los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la consulta secesionista del 9-N, que son los únicos por los que están imputado Mas, la exvicepresidenta del Gobierno Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.
Es cierto que Rodríguez Ramos hace referencia al artículo 155 de la Constitución, pero lo hace tan como "ultimísima ratio" que parecería que habría que esperar a que Cataluña se secesionara para suspender su autonomía.
Naturalmente, todos creemos que lo mejor sería el "desistimiento de los promotores del secesionismo". La cuestión es que el jurista pide para ello "la cooperación del gobierno central y las demás fuerzas políticas", lo que, en su artículo, suena a concesión de impunidad por los delitos pasados y premio de consolación por el desistimiento de los futuros.
Siempre he creído que la deriva secesionista había que haberla combatido desde el primer momento no sólo jurídicamente, también financiera, cultural y, sobre todo, políticamente. Pero a la vista está que no faltan quienes consideran que la solución al separatismo catalán está en una nueva cesión al nacionalismo en todos estos campos.
No se qué unidad de España quieren conservar los que están dispuestos a debilitar todavía más nuestras fronteras más preciosas, que no son otras que las que nos configuran como Estado de Derecho. Pero en eso están los que quieren situar a los nacionalistas por encima de la ley con la excusa de no querer criminalizarlos.