Para haber entrado "en fase de letargo", tal y como considera con envidiable optimismo Pablo Planas, la política catalana –léase el golpe de Estado institucionalizado que se perpetra en Cataluña– no pierde comba. La ilegal comisión del ilegal proceso constituyente, que estudiará las no menos ilegales estructuras de Estado de la ilegal República catalana, se ha constituido este jueves entre los ronquidos de la prensa madrileña y los bostezos de la España constitucional.
Los únicos que han hecho algo de ruido y han puesto de relieve la gravedad de lo que sigue sucediendo en Cataluña han sido –esta vez– los diputados autonómicos del PP, uno de los cuales, Esperanza García, ha calificado de "inmoralidad política" y "fraude democrático" la creación de esta comisión. Por lo demás, el procés avanza con normalidad y absoluta independencia de que el Gobierno de Rajoy se decida –o no– a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de la comisión de marras.
De hecho, esta es la hora en la que no sabemos si el Ejecutivo de Rajoy va a dar a los golpistas la oportunidad de volverse a sonar la nariz con una nueva sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la creación de esta comisión o si va a abstenerse de recurrirla, tal y como ya pasó con la creación en 2012 del no menos sedicioso pero consentido Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña.
Lo que sí sabemos es que, en la frenética ronda de conversaciones que Puigdemont ha mantenido estos días con los distintos representantes autonómicos, la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas se le ha ofrecido para buscar en el Congreso una nueva financiación autonómica, dado que el presidente de la Generalidad no está dispuesto a negociar nada con el Gobierno central.
Es muy de agradecer que Arrimadas haya aclarado que ese ofrecimiento no significa que vaya a ofrecer a Puigdemont "ni comprensión ni complicidad" si sigue por el "camino ilegal" de la independencia. Pero no hubiera estado de más que Arrimadas, tras su "cordial y constructivo" encuentro con el golpista, informara de si va a decidirse a exigir al Gobierno de Rajoy que no entregue un solo euro más a la Administración autonómica en rebeldía mientras no desista públicamente de sus costosísimas ilegalidades.
Porque lo que Arrimadas debe saber mejor que nadie es que desde hace años la presidencia de la Generalidad no negocia sino que exige "sin condiciones" la entrega de recursos extraordinarios provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica, sin cuyo concurso hubiera sido inabordable, desde un punto de vista estrictamente financiero, el proceso secesionista que arranca en 2012. Así ha ocurrido en todas las ocasiones, incluidos los 3.034 millones de euros adicionales que el Gobierno de Rajoy entregaba hace escasamente un par de meses a los golpistas para que atendieran con ellos los pagos ordinarios, como el pago a farmacias, que estos habían desatendido para cubrir los que acarrea su proceso de construcción nacional.
Sabemos que, más pronto que tarde, los golpistas volverán a pedir recursos extraordinarios; lo que no sabemos es si Ciudadanos todavía va a seguir negándose a suspender mecanismos como el FLA para Cataluña con la excusa de que eso sería "tomar a los catalanes como rehenes políticos".
Lo que es indudable es que lo de los separatistas ni siquiera es "un extraño silencio que precede al ataque", tal y como advierte mi admirado Planas, sino un persistente ataque que algunos prefieren, no tan extrañamente, silenciar.