La supresión de las diputaciones ha sido siempre una vieja aspiración de los nacionalistas con el objetivo de diluir en favor de las regiones el peso que desde la Constitución liberal de 1812 se había venido confiriendo a las provincias. En nuestra reciente historia democrática, los primeros en apuntarse en el ámbito nacional a esta reclamación fue Izquierda Unida pero pronto dejó de ser una aspiración exclusiva de la extrema izquierda y de los nacionalistas para pasar a ser también defendida por círculos de empresarios y por otras formaciones políticas a quienes les preocupa –y con razón- el excesivo peso que nuestras administraciones públicas ejercen en el sufrido contribuyente.
Es cierto que el expansionismo de nuestro elefantiásico sistema autonómico ha venido arrogándose competencias que implican duplicidades respecto a los servicios e infraestructuras que nuestras bicentenarias diputaciones provinciales brindan a los municipios más pequeños. Sin embargo, puestos a hacer ejercicios de austeridad y a alegar la necesidad de acercar la administración al administrado, más nos valdría eliminar duplicidades por la vía de erradicar competencias y poner coto al expansionismo y al centralismo autonómico que no hacerlo a costa de la administración local y provincial.
Las personas que no viven en comunidades pluriprovinciales no se pueden hacer una idea de la pérdida de autonomía que han sufrido las provincias desde la creación del Estado de las Autonomías. Pero muchos de los que sí que lo hacemos estamos un poco hartos de que, con la excusa de la descentralización administrativa, se refuerce el centralismo autonómico y nada se diga de instituciones absolutamente prescindibles y despilfarradoras como son las delegaciones de los gobiernos regionales o las televisiones autonómicas por poner solo unos pocos ejemplos.
En el texto del acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE no se cuestiona el carácter provincial a ese Consejo Provincial de Alcaldes, con el que se pretende sustituir a las Diputaciones. Pero sí solo estamos ante una cuestión de nombres, ¿qué hace tanto despistado aplaudiendo este cambio en nombre de la austeridad? Más aun cuando los naranjitos, que siguen muy verdes, han hecho suya la cantinela de la "insuficiente" financiación autonómica que se brinda a Cataluña -léase a su administración regional- y que nada dicen de las tres Diputaciones Forales Vascas y los Cabildo canarios, que cuestan al contribuyente cuatro veces más que las Diputaciones provinciales de régimen común.
Por mi parte, no se me escapa el hecho de que en todas las administraciones del Estado –incluida las diputaciones y los ayuntamientos- existen gastos superfluos y redes clientelares. Por eso pienso que la cuestión decisiva es plantearse qué servicios son imprescindibles brindar a costa del contribuyente y luego decidir qué administración –local, provincial, autonómica o central- la brinda. Personalmente, entre la administración autonómica y la provincial, prefiero la segunda. Mientras la provincia ha sido siempre tradicionalmente aliada de la nación e inmune a los delirios identitarios segregacionistas, la región esta siendo utilizada como instrumento de fractura de la soberanía nacional y de la unidad del mercado.