Muchas fueron las felonías perpetradas por el PP de Rajoy y compañía antes de que consiguieran dejar sin representación parlamentaria al electorado liberal-conservador de este país. Pocas, sin embargo, fueron tan graves como aquella que dejó en papel mojado la promesa de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con la que se pretendía volver al mandato constitucional que exige la designación de doce de sus miembros por los magistrados y jueces de la carrera judicial.
Con todo, está visto que este Gobierno del PP no tiene bastante con lo perpetrado durante la primera legislatura. Y de la misma forma que en pocas semanas ya ha profundizado en la condescendencia con los nacionalistas, en el descontrol de la deuda y del gasto autonómico o en la subida de impuestos, ahora parece que va a dar una nueva vuelta de tuerca en el control político del sistema judicial. Así, y como si ya no tuviera bastante con el control de las altas instancias judiciales que conlleva la designación política de sus miembros, ahora pretende controlar todas las causas judiciales desde el momento mismo de la instrucción. Para ello, el digno ministro de Justicia de Rajoy, Rafael Catalá, ha rescatado y hecho suya la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal formulada en su día por el digno ministro de Zapatero Francisco Caamaño, por la cual serán los fiscales, y no los jueces, los que pasarán a instruir las causas judiciales.
Poco podría añadir contra esta peligrosísima propuesta de reforma a lo que en su día dijeron representantes del PP como Federico Trillo o Gil Lázaro. Sólo recordar que, dado el control jerárquico de la Fiscalía y su dependencia directa del Ejecutivo, esta reforma permitiría al Gobierno, como bien advirtió Gil Lázaro, algo tan grave como "decidir qué causas penales se instruyen y cuáles no".
Recuerdo las vagas advertencias de Carlos Dívar y un manifiesto contra esta reforma firmado por miles de jueces y magistrados. Pero a ver quién es el guapo que se atreve ahora a poner en peligro su permanencia en las altas y politizadas instancias judiciales o su futuro ascenso en la carrera judicial criticando una reforma que ya forma parte de nuestro decadente y envilecedor consenso político. ¿Y qué decir de la prensa conservadora que durante cuatro años ha dejado claro que ve bien bajo siglas del PP todo lo que veía mal bajo siglas del PSOE?
Lo que me pregunto es lo que hará Ciudadanos. A esta formación socialdemócrata nunca la vi liderando la oposición al PP y al PSOE en política económica. Pero jamás pude imaginar la envilecida comparsa que está ejerciendo desde hace más de un año con la permisividad e indolencia de los dos grandes partidos ante la deriva secesionista y el despilfarro autonómico. Pero, en fin, a ver qué queda de su propuesta de regeneración de la Justicia y de la vida pública que no sea, claro está, sumarse a los de Catalá y Caamaño.