La falta de una auténtica división de poderes, la falta de transferencia y un excesivo y discrecional intervencionismo que multiplique las posibilidades del servidor público de ser tentado constituyen, entre muchos otros factores, un caldo de cultivo para el fenómeno de la corrupción. Ahora bien, el hecho de que un político pueda seguir en el cargo hasta que sea declarado culpable no es, en absoluto, uno de esos factores causantes de la corrupción, con absoluta independencia de que el político en cuestión sea finalmente culpable o inocente de lo que se le acusa.
Y es que el hecho de que el político –aun siendo verdaderamente corrupto– se aferre al cargo hasta que sea declarado culpable podrá agravar desde un punto de vista estético el espectáculo de degradación moral de nuestros servidores públicos, pero en modo alguno ser su causante. Esa es la razón por la que, aun siendo loable que no siempre tenga que ser necesario que los políticos esperen a ser condenados para poder asumir responsabilidades políticas, el establecimiento de un forzoso automatismo por el que haya una separación inmediata de cualquier cargo político imputado por corrupción pueda llevar a criminalizar en exceso la figura de la imputación y puede ser, en algunos casos, hasta un foco de corrupción por EL que algunos políticos pueden desembarazarse arteramente de algunos adversarios con el solo hecho de lograr que un juez los llame a declarar.
Con todo, y al margen de algunas otras críticas que se le podrían hacer al pacto de gobernabilidad suscrito por el PP y Ciudadanos en Murcia, así como en otras regiones y en la investidura de Rajoy, lo cierto es que este acuerdo asume el hecho de ser "imputado por corrupción política" como razón suficiente para "separar inmediatamente" a cualquier político "de cualquier cargo, público o de partido". La cuestión es que, desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, ya no existe en España la figura del imputado, ni por corrupción ni por cualquier otro delito. La propia reforma legal sustituye la criminalizada figura del imputado por otras que corresponden a distintos momentos procesales, como son las referidas al investigado, al encausado y al acusado o procesado, todas ellas, obviamente, igualmente protegidas por el principio de presunción de inocencia.
Puestos a buscar la figura jurídica vigente que corresponda a la extinta figura del imputado que sirvió de base para el acuerdo entre PP y Ciudadanos a la hora de asumir responsabilidades políticas, a mi me parece razonable –excepción hecha de lo que ya señalé al comienzo del artículo– lo que recientemente señalaba la proposición de ley delucha integral contra la corrupción que Ciudadanos defiende en el Congreso, y que fija la "inhabilitación o suspensión de cargo público desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento".
Lo escandaloso es que este no ha sido el criterio del propio Albert Rivera y de Ciudadanos a la hora de pedir el inmediato cese del presidente de Murcia, aun cuando todavía no se ha llevado a cabo contra él la apertura del juicio oral o procesamiento. ¿Por qué no esperar unas pocas semanas a que ese procesamiento se produzca, si es que finalmente se produce? ¿Qué hay detrás de ese peligroso y teatral exceso de celo por parte de Ciudadanos? ¿Obedece a la simple estupidez o hay algo más, como podrían dar pie a pensar las innumerables ocasiones en las que Ciudadanos, pese a su pacto con el PP, ha ido de la mano del PSOE y de Podemos para torcer la voluntad del Gobierno regional?
Sea como fuere, ya habrá tiempo para tomar la palabra al presidente de Murcia y pedirle la dimisión que prometió llegado el momento procesal al que, por mucho que se empeñen algunos periodistas, todavía no hemos llegado. De lo que podemos ya estar seguros es de que por esperar unos días para pedir esa dimisión no se va a desvanecer la posibilidad de regeneración de nuestra envilecida clase política.