Nicaragua está sufriendo sus peores disturbios desde 2007, año en el que Daniel Ortega tomó nuevamente las riendas del país. Las manifestaciones, que comenzaron como una protesta contra la reforma que el Gobierno deseaba llevar a cabo en el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS), se han convertido en un proceso social de crítica al régimen autoritario sandinista. Actualmente, son los jóvenes los más activos y los verdaderos líderes de dicho movimiento a favor de la democracia.
Cuando se analiza la situación nicaragüense, son muchas las incógnitas. Una de las más importantes tiene que ver con la naturaleza de su sistema político. ¿Es la Nicaragua de hoy un régimen democrático? Además, y en segundo lugar, ¿por qué Nicaragua ha sido un país atractivo para la recepción de inversión extranjera directa (IED) en la última década? Una última cuestión podría ser: ¿cómo un receptor de IED cae en unos disturbios de tal gravedad?
Honestamente, creo que todo aquel que conoce el sistema y su historia sabe que Nicaragua no es una democracia. Desde su segunda llegada al Gobierno –tercera, estrictamente hablando–, Ortega ha intentado por todos los medios concentrar y centralizar el poder en su persona. Lo anterior se evidencia cuando estudiamos el comportamiento de las instituciones judiciales, totalmente capturadas por el Poder Ejecutivo; o cuando observamos la evolución del Poder Legislativo, aprehendido desde el año 2016, en que el Tribunal Electoral despojó de sus escaños a los diputados opositores del Partido Liberal Independiente (PLI), entregándoselos al Partido Sandinista.
En estos últimos días, los medios de comunicación no oficiales han sido clausurados y la sociedad civil, ya de por sí débil, lucha desde unos ámbitos juveniles y universitarios objeto de una represión brutal. Esto último, la violencia implacable, es otra prueba de la actitud dictatorial y autoritaria de Daniel Ortega. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han disparado a matar, y a día de hoy desafortunadamente hay más de veinte muertos, más de cuarenta desaparecidos y centenares de heridos. Managua se ha convertido en una ciudad sin ley. Saqueos, violencia y asaltos delinean el panorama en la capital y otras ciudades.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) sostiene que Nicaragua fue la segunda receptora de IED en el periodo 2010-2016, sólo por detrás de Panamá. Una pregunta legítima podría ser: ¿cómo un país atractivo para la inversión extranjera directa vive esta situación? La perspectiva comparada puede orientarnos. A pesar de su problemática transición a la democracia, Nicaragua siempre ha disfrutado de seguridad y de bajos niveles de violencia no política. Además, fruto de la progresiva concentración y centralización del poder en manos de Ortega, el país ha gozado de una "aparente" estabilidad. Todo se sostenía –y sostiene– gracias al líder carismático y la oligarquía compuesta por sus socios políticos y empresariales. Brilla por su ausencia un sistema de pesos y contrapesos fuerte.
El desarrollo, que fue real, no redujo el descontento social. La falta de oportunidades para los jóvenes, los problemas económicos y la elevada pobreza han potenciado la desafección para con el régimen. Todo ello se ve agravado por el capitalismo de amigotes (crony capitalism) imperante. El sistema caciquil dirigido por Ortega perteneció desde el primer momento al denominado socialismo del siglo XXI, configurando un modelo político rentista y extractivo que ha beneficiado a la familia Ortega, a sus amigos políticos y a todos aquellos empresarios –nacionales y extranjeros– que han cooperado con el régimen, fortaleciéndolo.
Seguridad y estabilidad política explican el crecimiento de Nicaragua. Pero la una y la otra dependen de un régimen autoritario y no de una arquitectura institucional basada en la igualdad jurídica y en la libertad individual. En la finca llamada Nicaragua todo pasaba –y pasa– por el cacique que la gobierna y su familia. Daniel Ortega parte y reparte entre su oligarquía… Y lo anterior produce, como no puede ser de otra forma, resquemor y descontento ciudadano.
Las pensiones han sido la ventana de oportunidad para canalizar una protesta que de facto ya anidaba en la sociedad nicaragüense y que pretende una cosa muy sencilla: democracia real e igualdad jurídica para todos. No más sistemas caciquiles, mercantilistas y extractivos basados en privilegios legales y políticos. Esperemos que la protesta nacional y la presión internacional hagan recapacitar al régimen y los niveles de violencia se reduzcan, abriendo un espacio de negociación que aliente la democracia, la igualdad jurídica y la libertad económica. Nicaragua y sus ciudadanos lo merecen.