Bochornosamente, el Tribunal de Schlewsig-Holstein se ha negado a que Carles Puigdemont, máximo dirigente del golpe de Estado en Cataluña, sea juzgado en España por rebelión o sedición y sólo acepta la extradición para que se le encause por malversación apenas. Se trata de un empecinamiento intolerable, pues en lugar de limitarse a tramitar la orden europea de detención en los términos solicitados por la Justicia española, tal y como era su obligación, el tribunal alemán se ha inmiscuido en el fondo del asunto, sin tener competencia para ello ni el menor acierto.
Así las cosas, no es de extrañar que el Tribunal Supremo español haya rechazado la entrega del golpista prófugo, si el precio era renunciar a juzgarlo por los delitos más graves de que está acusado. No le falta razón al juez Llarena al resaltar la contradicción y el disparate jurídico que supondría juzgar unos mismos hechos con dos varas de medir: los acusados que se quedaron en España podrían ser juzgados por los delitos más graves, mientras que quien se fugó tras liderar la rebelión sólo podría ser acusado de un delito de malversación, castigado con mucho menos rigor.
Aunque sea preferible que Puigdemont siga expatriado antes que juzgarlo sólo por malversación, la decisión de la Justicia alemana debe provocar una enérgica protesta por parte del Gobierno español. El consentido disparate de ese tribunal alemán de segunda es una quiebra de facto del sistema de euroórdenes y del propio proyecto comunitario, tal y como oportunamente han denunciado Ciudadanos y el Partido Popular. En este sentido, no le falta razón al portavoz del PP, Esteban González Pons, cuando reclama a Pedro Sánchez la suspensión del Tratado de Schengen "hasta que se aclare si la Euroorden sirve para algo".
Conviene recordar, sin embargo, que ni González Pons ni nadie del Partido Popular elevaron la más mínima queja la primera vez que ese tribunal denegó la extradición de Puigdemont por rebelión o sedición. Por el contrario, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó a calificar de "modélico" el ominoso proceder de Alemania. Ahora, Pedro Sánchez se ha limitado a guardar un no menos lamentable silencio.
En cualquier caso, una cosa debe quedar clara: la unidad de España depende de los españoles, no de Europa. Mientras la clase política que se proclama constitucionalista no se imponga como la primera de sus obligaciones combatir política, judicial, cultural y económicamente la lacra del nacionalismo antiespañol, que pretende dinamitar la Nación y el Estado de Derecho, poco se podrá reprochar a los alemanes, incluidos los descalificables magistrados de Schleswig-Holstein.