Cuando Francisco Largo Caballero mintió en el juicio en el que se le acusaba, justamente, de haber promovido y participado en el golpe de estado contra la II República en 1934, confesó en sus Recuerdos que lo había hecho porque no podía consentir que, a un paladín del proletariado, él mismo, pudiera condenarlo la "justicia burguesa". Lo dijo de este modo:
"¿Hice bien o mal al proceder como lo hice? ¿Debía entregar a la voracidad de la justicia burguesa a un defensor del proletariado? Mi conciencia está tranquila. Estoy convencido de haber cumplido con mi deber, pues ofrecerme como víctima sin beneficio alguno para la causa del proletariado hubiera sido tan inocente como inútil."
Esta distinción entre justicia burguesa y otra justicia, la socialista, que es la realmente justa para ellos, sigue penetrando el tuétano moral de un PSOE que se niega a protagonizar una transición interna desde el PSOE de la II República a un PSOE socialdemócrata inscrito en una Unión Europea donde se consagra, con mayor o menos eficacia, la democracia liberal.
Por otro lado, claro está, está la identificación absolutamente abusiva y falsificada, tal vez krausista, quizá marxista, entre los dirigentes del PSOE y el PSOE mismo con el "proletariado", con los trabajadores asalariados, a los que se asigna una determinada "conciencia" de clase que sólo puede ser interpretada desde los análisis "objetivos" de los marxistas en general y del socialismo.
Por ello, como ya dijimos en otro lugar, la genealogía del impulso político que conduce a la constitución de una tela de araña para conseguir o mantener el poder al margen de la legalidad democrática, se encuentra intacta en la teoría clásica de la democracia burguesa defendida por el marxismo en general y muy aguda y radicalmente, por el leninismo.
Según tal teoría, la democracia liberal o burguesa no es una democracia real, sino meramente una democracia formal que defiende los intereses de la burguesía en su conjunto, agraria, industrial, de servicios y financiera en concreto y los intereses y derechos humanos sólo en abstracto. Por eso, Marx diferenció entre los derechos humanos y los derechos del ciudadano.
Los derechos humanos que incluyen la libertad de conciencia, el derecho a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley, a la elección de educación, a practicar cualquier culto así como las demás libertades democráticas, de opinión, expresión y reunión, no son los auténticos derechos ciudadanos. Marx mismo lo dijo así:
Ninguno de los llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad privada, y disociado de la comunidad.
Esto es, sólo se es ciudadano y hombre cabales si se es ciudadano de un Estado socialista o, si se quiere, comunista. La "ciudadanía" socialista exige que lo individual deba subordinarse a lo colectivo y la persona y sus libertades al Estado. Todo este proceso de transición debe ser dirigido, claro está, por el partido inspirado en el marxismo, único poseedor – creía firmemente Marx -, de la "ciencia" necesaria para la interpretación y la transformación de la Historia.
El PSOE nunca ha hecho una reflexión, ni siquiera un intento de reforma, de su pensamiento en cuanto a la democracia y sus formas como único sistema político bajo el cual es posible la convivencia y, por tanto, nunca ha procedido a reformarse a sí mismo y a abrazar ética y moralmente los comportamientos socialdemócratas. Por ello, se han atribuido la superioridad moral de quienes son partidarios de una justicia y una legalidad supuestamente superiores a las de los demás demócratas.
Esa distinción entre "democracia burguesa" y "democracia real" o socialista ha justificado siempre el atropello de valores, ideas y leyes por parte del socialismo a favor de una dominación política y social sobre el conjunto de la nación española. El uso de la democracia como trampolín para erigir un régimen socialista es la práctica sistemática.
El caso ERE, ahora publicitado por una sentencia condenatoria que es la más grave de la historia de España y tal vez de la Unión Europea, es la consecuencia del mismo espíritu político socialista que no creía ni cree en la "democracia burguesa" y que, por tanto, no cree en la justicia "burguesa".
No hay más que oír a los actuales dirigentes socialistas, barones y no barones, descalificando directa o indirectamente la sentencia y la decisión del Tribunal y defendiendo la honorabilidad de quienes acaban de ser condenados por actuar ilegalmente a sabiendas y haber malversado 680 millones de euros públicos. El Tribunal no entiende la "superioridad" de la justicia socialista.
Pero si hay un ejemplo sangrante acerca de la discriminación, del abandono, de la marginación que esta sectaria concepción de la democracia perpetra, es el destino de los miles de trabajadores que, estando afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, desde 2000 a 2010, no fueron ayudados ni siquiera informados por el PSOE ni por la Junta de las ayudas que se daban encubiertamente a los amiguetes, correligionarios, intrusos o cómplices sindicales.
En una democracia sana y normal, si se trata de ayudar a los 120.000 trabajadores que sufrían las consecuencias de las crisis laborales y empresariales, se publica una convocatoria de subvenciones, normales o excepcionales, y se articula el modo en que todos los afectados puedan optar a su disfrute previo cumplimiento de un pliego de condiciones iguales para todos, publicitados y en régimen de transparencia.
No se hizo así y esto es precisamente lo que exhibe la enfermedad moral del socialismo español, y muy especialmente, del socialismo andaluz. De esas 120.000 familias sólo fueron auxiliadas, en secreto, ilegal, sin conocimiento público y con desigualdad notoria, unas 6.000, esto es, un 5 por ciento. ¿Por qué razón lo fueron? Porque eran empresas y trabajadores que eran "amigos" bien del PSOE bien de los sindicatos mayoritarios uncidos al carro socialista.
Además, en el resto de los casos, se trataba de privilegiar a empresas y trabajadores que estaban situadas en zonas electoralmente sensibles para el PSOE, como la minería de Huelva, la sierra Norte de Sevilla y la provincia de Cádiz, sin hacer una relación exhaustiva. Por si fuera poco, se ayudaba a "intrusos de familias cercanas o afiliados incluyéndolos en plantillas ficticias de empresas beneficiadas. Si ello constituye un beneficio a título lucrativo o no, no ha sido considerado por el Tribunal.
Esto es, nunca en todo este tiempo se ha tratado igualmente a todos los trabajadores afectados por los ERE como no se les ha tratado igualmente a la hora de las contrataciones en la Administración, ni en otros casos. Eso indica que la supuesta igualdad que predican el PSOE y sus correas de transmisión sindicales es, como máximo, igualdad entre los suyos, no de todos los ciudadanos.
Esto es un delito moral y político, no sólo contra la democracia, sino contra el propio socialismo que, en vez de defender en la práctica la igualdad real o la simple igualdad de oportunidades, sólo la ofrece a los que son "de los suyos" o, como extensión, a los que son de "izquierda". Si no somos de los suyos, no sólo no somos iguales sino que les damos sencillamente igual.
140 años después de su fundación y casi 40 años después de la aprobación de la primera Constitución consensuada de la historia de España desde la Pepa en 1812, el PSOE sigue sin hacer su particular transición a la democracia ni hay quien proponga un examen de conciencia adecuado a su comportamiento histórico. Ese es precisamente uno de los principales problemas de España y nadie en el PSOE parece dispuesto a encabezar su regeneración para la democracia.