En su Vocabulario de refranes, frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana (Salamanca 1627), el maestro Gonzalo Correas registra la locución "por la boca muere el pez", que traduce como la sana recomendación de que se tenga mucho cuidado antes de hablar, en evitación de que pueda hacer daño lo que imprudentemente se dijo. Es la alusión al cantar que reza así:
En la isla de León
pescan con redes y cañas;
por la boca muere el pez,
cuenta con lo que se habla.
Si traigo a colación el refrán citado, y lo mismo podría hacer con otros parecidos, como "callar la boca", "no descoser la boca" o "en boca cerrada no entran moscas", es porque quizá es lo que el señor vicepresidente segundo del Gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, tendría que haber pensado antes de opinar en los términos que lo hizo de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a doña Isabel Serra Sánchez, diputada de la Asamblea Regional, como autora de un delito de atentado, otro de daños y una falta de lesiones, al afirmar el señor Iglesias que aun cuando las sentencias se acatan, en este caso "le invadía una enorme sensación de injusticia" y que "en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos".
A este rayo de palabras, aplaudidas por los incondicionales del autor y también por los fieles defensores de la señora Serra, que, no se olvide, dispuso del privilegio procesal del fuero, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido con una declaración en la que rechaza aquellas manifestaciones por significar una sospecha respecto del proceder de Juzgados y Tribunales, apela a "la moderación, prudencia y mesura" y hace un llamamiento a quienes ejercen cargos de responsabilidad del máximo nivel "para que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles".
Es más. Al comunicado del CGPJ han prestado su adhesión todas las asociaciones judiciales, máxime, según dice el texto de una de ellas, cuando las palabras del señor vicepresidente del Gobierno en cuestión "suponen una distorsión del contenido de la decisión judicial", sin que resulte admisible "el desprecio a la verdad con vistas a presionar sobre la independencia judicial". Se trata de pronunciamientos, lo mismo que el del CGPJ, que coinciden con lo que en la reunión celebrada en París entre los días 7 y 9 de junio de 2017 los miembros de la Red Europea de Consejos de Justicia dijeron al resaltar el "deber de apoyar a cualquier Poder Judicial que esté siendo objeto de ataque y hacer todo lo que sea posible para persuadir a los poderes ejecutivo y legislativo de que apoyen las actuaciones que se lleven a efecto a este respecto". En este punto, estoy seguro de que una gran mayoría de la carrera judicial se preguntará cómo ninguno de los tres ministros del Gobierno que son jueces de profesión y que, además, en su momento fueron miembros del CGPJ ha alzado la voz en queja por la actitud del compañero vicepresidente segundo y, por tanto, en defensa de la independencia judicial.
Lo he dicho varias veces y lo repetiré cuando la ocasión se presente. Siempre estaré a favor de la censura de las resoluciones judiciales. La libertad de expresión figura, por derecho propio, en uno de los primeros lugares de la nómina de elementos que entendemos por sistema democrático. Ahora bien, distinto de la crítica es la ofensa pública a los tribunales, pues crea tensión, malestar o miedo, cosas, todas ellas, no previstas en la Constitución. Esto es, según el CGPJ y los colectivos judiciales, lo que el señor Iglesias ha hecho, aunque, a decir verdad, tampoco hay que sacar la conclusión de que tras el suceso haya tanto partidario como sus propagandistas dicen que hay. Distinto es que los que son hagan bastante bulla. Ya se sabe que para confundir al personal basta con montar un tarima y poblarla de personajes ruidosos dispuestos a confeccionar un manifiesto que sirva lo mismo para apoyar a los repartidores de improperios que para envolver una cola de pescado a punto de pudrirse.
Está claro que la independencia judicial y el honor son conceptos que pertenecen, por igual, al patrimonio moral de los jueces y que respetarlos es obligación de todos. Hacer excepciones es propio de una concepción totalitaria de la justicia, concebida como un instrumento de poder. Los que la entienden de esa manera son los que jalean o machacan a los jueces en función de si les son útiles o no. En cualquier caso, vistas las circunstancias, creo que los magistrados que firman la sentencia están dando un gran ejemplo. Aparte del acierto en la descripción de los "hechos declarados probados" y en los "fundamentos jurídicos", los tres saben que la función de juzgar es pasto propicio para los moralizadores desahogos de justicieros y que el oficio es una servidumbre que hay que llevar con resignada compostura.
Y es que, al fin y al cabo, los mortales somos como la naturaleza nos hizo, y a veces peor. De ahí que sea conveniente y hasta de agradecer que en algún momento alguien nos recuerde de qué pie cojeamos. Dicho de otro modo. Ya se sabe que a los enfermos de verborragia la pasión, en lugar de ayudar, sirve para cegar sus mentes y torcer sus pensamientos.