Se ha constatado alguna vez, a través de las encuestas, que muchos españoles no saben de la existencia del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente se ha comprobado, y no alguna vez, sino muchas, que los españoles no creen que haya independencia judicial en su país. Esta opinión podrá achacarse a nuestra antigua y genérica desconfianza en las instituciones, pero tiene fundamento y sería aún más mayoritaria y sólida si todos estuvieran al corriente de cómo se elige a los miembros del órgano que debe velar por la independencia judicial y que resulta ser, al mismo tiempo, descarada representación de su ausencia.
Tal estado de dependencia se ha prolongado desde la gran operación de captura de ese órgano por los partidos políticos, que fue la reforma de 1985, obra magna del PSOE, hasta ahora mismo. Entre otros motivos, porque el PP, después de anunciar a bombo y platillo el proyecto de retornar al procedimiento menos intervencionista, dio marcha atrás y configuró, hace siete años, un sistema de elección de vocales que, con leve camuflaje, mantuvo las riendas en manos de los partidos.
Hay que poner en su sitio la cháchara sobre la renovación del Consejo. No fuera a ser que algún ingenuo pensara que se trata de una reforma en profundidad o que tiene realmente por objeto el fortalecimiento de las instituciones, como dice arrullador el Gobierno. Cuando se habla de renovación, no se habla de otra cosa que de modificar la relación de fuerzas entre los partidos en el seno del órgano que gobierna la Justicia. Relación que es reflejo de la representación parlamentaria. Ése es el meollo de la discusión y de la pelea partidista cada vez que suena la música de la renovación. No el fortalecimiento de la institución. Lo único que se fortalece en estas periódicas y encarnizadas batallas es el poder de los partidos sobre los altos tribunales del país. De unos más que otros; de ahí los bloqueos. Es el turnismo político en la Justicia, con espectáculo de pirotecnia verbal.