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Pablo Planas

Izquierda catalana y violencia sexual

La CUP, el partido separatista y antisistema, es lo más parecido que hay en España a Las Vegas, porque lo pasa en la CUP se queda en la CUP.

La CUP, el partido separatista y antisistema, es lo más parecido que hay en España a Las Vegas, porque lo pasa en la CUP se queda en la CUP.
Quim Arrufat, dando un mitin en la Diada de 2014. | Flickr/CC/Fotomovimiento

La CUP, el partido separatista y antisistema, es lo más parecido que hay en España a Las Vegas, porque lo que pasa en la CUP se queda en la CUP. Curiosa paradoja, una formación súper de izquierdas con la moral de la capital mundial del vicio. Un exdiputado de dicha formación, Quim Arrufat, ha sido acusado de haber cometido una agresión y un abuso, ambos de carácter sexual. Las presuntas víctimas denunciaron al supuesto delincuente sexual en el seno del partido, no ante la Justicia. El primer caso data de 2014, cuando Arrufat todavía era diputado. El segundo, de finales de 2018, pocos meses antes de que el antedicho se diera de baja de la organización para que no le echaran, según ha informado el diario nacionalista Ara (“Ahora”).

Hasta la información periodística, el partido había guardado un escrupuloso silencio que más que proteger la intimidad de las denunciantes reforzaba la presunción de inocencia del denunciado, quien fuera un alto cargo de la organización. Ni unos ni otros, incluida la dirección del partido, consideraron necesario poner el caso en conocimiento de la Justicia. Los tribunales no gozan de buena fama entre los cuperos, que prefieren lavar los trapos sucios en casa. Ahora que ha trascendido el caso, la dirección de la CUP se lava las manos y dice que fueron las denunciantes quienes optaron por no acudir a los tribunales, y que si lo hacen, seis y dos años después, cuentan con todo su apoyo. Sí, sí, a buenas horas, majos y majas.

Así es que no estamos ante un partido, sino frente a una secta cuyo abordaje de los delitos sexuales es un delito añadido que oscilaría entre la complicidad y el encubrimiento del delincuente y el abandono de las víctimas, todos presuntos, claro. Para mejor comprender el vidrioso expediente, hay que decir que en 2014 la CUP carecía de un protocolo para estos casos, protocolo del que sí disponía cuando la segunda denuncia. Dicho reglamento es una pieza antológica que debe de haber inspirado los proyectos legislativos de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La cosa establece cuatro niveles de delitos sexuales. Los comentarios lascivos se consideran nivel 1. El exhibicionismo y los tocamientos sexuales no deseados están en el nivel 2. El tercer nivel es la violación o forzar prácticas sexuales no deseadas y el cuarto, la violación con fuerza. Se echa a faltar una mención a las miradas libidinosas y no se aclaran las diferencias entre violación y violación con fuerza.

Como es sabido, la violencia, intimidación o fuerza es la frontera entre el abuso y la agresión sexual, y puede que las gentes de la CUP hayan establecido que existe una violación sin fuerza prevaliéndose el autor de una situación de superioridad manifiesta no necesariamente física, mientras que en la violación con fuerza se ejercería la violencia física. Son temas muy serios y no conviene frivolizar. Menos aún dejarlos en menos de personajes como los dirigentes de ese partido.

Arrufat dice que todo es falso, pero no parece dispuesto a acudir a los tribunales para limpiar su nombre. En el periódico Ara se afirma que

a finales de aquel año [2014] hubo un encuentro [de la dirección] con Arrufat y se definieron las medidas para reparar el daño que había provocado a la chica: el entonces diputado no podía coincidir con ella en ningún acto, tenía que iniciar un proceso de revisión con un trabajo personal para asumir lo que había hecho y tenía que perder presencia mediática.

Pues ni tan mal. En el mejor de los supuestos, un abuso sexual que se salda con una orden de alejamiento y un "trabajo personal" no especificado, pero que seguro que implicaba la freudiana introspección y el muy católico arrepentimiento. Olé la CUP. Eso es justicia popular. No consta si a la víctima le pareció bien, mal o regular. Ahora la dirección del partido, encarnada en la diputada Natàlia Sànchez, dice que las víctimas siempre pueden acudir a la Justicia ordinaria. Y a través de un comunicado el partido da por sentado que Arrufat es culpable y un representante del patriarcado:

Mostramos nuestro compromiso claro y firme en la lucha contra el patriarcado y contra las agresiones machistas y condenamos la agresión. (...) Asumimos y reconocemos que se dan casos de agresiones en el seno de la organización y que la CUP no es ajena al patriarcado en general ni a las agresiones machistas en particular.

O sea que la culpa es del patriarcado, y como el patriarcado es lo que tiene a nadie se le ocurre denunciar el asunto en los tribunales. Tampoco se le ha ocurrido de momento a la Consejería de Interior iniciar una investigación de oficio, y eso que la Generalidad es una institución pionera, avanzadísima y pirulera en materia de represión de la violencia sexual y la defensa de los derechos de las mujeres. Tampoco el Ayuntamiento de la brava feminista Ada Colau ha dicho esta boca es mía. Ni el Síndico de Agravios, el Defensor del Pueblo regional. Silencio también en las filas de ERC, de Junts per Catalunya (JxCat) y de los podemitas catalanes.

De modo que dos mujeres de la CUP denunciaron a Arrufat por abuso y agresión y la izquierda catalana extiende un turbio manto de silencio que las deja solas y tiradas. Hermanas, ellos no os creen. Lo que no se puede descartar, sin embargo, es que la filtración de las supuestas andanzas de Arrufat proceda de alguna de las formaciones independentistas en liza.

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