Cuatro pueblos andaluces tenían una tasa de incidencia de la Covid 19 superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días y la Junta de Andalucía, como era habitual durante el estado de alarma, consideró necesario su confinamiento. Pero ante discrepancias de criterio, los tribunales andaluces han dictaminado que tres de ellos deben ser confinados, pero no así el cuarto. O sea, que unos son más confinables que otros en igualdad de condiciones sanitarias.
Se sabía que la deserción reguladora del gobierno tras seis meses de estado de alarma dejaba a los gobiernos autonómicos en condiciones precarias frente a las demandas de los Ayuntamientos al no existir una norma compartida en toda España. Ahora se ha demostrado con toda claridad en Andalucía donde, dependiendo de las Salas judiciales, el baile de los confinamientos tiene lugar o no.
El mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificaba el confinamiento ordenado por la Junta de Andalucía en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz) apreciando su "necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de la medida frente a la Covid-19, pero negaba la misma medida para el municipio granadino de Montefrío.
Ha sido cosa de Salas. La de lo Contencioso-Administrativo – 12 magistrados y un solo voto particular-, que tiene sede en Granada ha decidido no ratificar la decisión de confinamiento emanada de la Junta de Andalucía el pasado 7 de mayo sobre la localidad de Montefrío porque cree, recoge Europa Press, "que las restricciones de derechos fundamentales no puede realizarse "de forma indiscriminada y masiva" y que la norma que debía amparar esta restricción, la Ley de Salud Pública, "alude a personas concretas y determinadas".
Ahora toca que la Junta interponga un recurso ante el Tribunal Supremo para argumentar que la restricción ordenada no se refiere a un derecho fundamental aunque afecte a quienes ya están vacunados. Los magistrados de la Sala de Granada creen que la norma está redactada imprecisamente y opta por interpretarla de forma que se dañen menos los derechos fundamentales de la Constitución.
Por el contrario, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, sí consideró adecuada a derecho los confinamientos de la localidad cordobesa de Castro del Río desde el 9 al 15 de mayo. La Sección Tercera de la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal en Sevilla ratificó asimismo confinamiento de los municipios gaditanos de Bornos y Villamartín desde el 9 al 15 de mayo.
En esta Sala los magistrados sí observan la "necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de los confinamientos por entender que debe "prevalecer el derecho a la salud pública" ante el "alto poder de contagio" y "el grave riesgo" que existe para la ciudadanía y que determinó la declaración del estado de alarma.
Así de rotundo es el caos causado por la carencia de autoridad legal de la Junta, que puede extenderse, sobre la que el gobierno no ha querido legislar. El portavoz de la Junta y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ha quejado de estar luchando contra la pandemia con un brazo atado a la espalda.
Igualmente, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno ha recordado que ya lo advirtió y que estamos pasando de un estado de alarma a un estado de confusión. Por ello, se ha reclamado una conferencia de Presidentes Autonómicos que ordene la desescalada y planifique la vacunación.
El Gobierno andaluz contempla endurecer las medidas sanitarias si, como consecuencia de los excesos observados el pasado fin de semana, vuelven a repuntar contagios y hospitalizaciones. Pero, como se ha visto, a menos que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia general sobre las decisiones de las autonomías, esto puede ser un caos judicial y sanitario que dependa de los criterios dispares de las salas judiciales y los tribunales de referencia.
Sin embargo, el delegado del gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía, Pedro Fernández, exige a la Junta que actúe con valentía y haga lo que crea que deba hacerse porque hay suficientes herramientas políticas y legales y porque siempre tienen la posibilidad de "pedir al Ejecutivo un estado de alarma para su territorio".
Con ello, parece adivinarse que, tras los resultados electorales adversos de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez quiere dejar de sufrir el deterioro político a causa de la gestión de la crisis sanitaria. Por ello, deja en manos de las Comunidades Autónomas las medidas a adoptar sin cobertura legal suficiente – lo que aboca a la situación vivida en los 4 municipios andaluces mencionados -, o, si así lo quiere, que sean ellos los que pidan el estado de alarma al gobierno.