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EDITORIAL

El déspota y sus ministras, contra el TC

Nunca había corrido más peligro la democracia en España.

Se recrudece la ofensiva del Gobierno contra los Altos Tribunales y el Poder Judicial, el único dique de contención entre la democracia y los planes totalitarios de Pedro Sánchez. La resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la flagrante ilegalidad de la reclusión domiciliaria con el estado de alarma ha dado pie a nuevos ataques del Gobierno. Esta vez la encargada de la arremetida ha sido Margarita Robles, titular de Defensa, juez de carrera y de quien se decía que era el ministro más sensato, capaz y demócrata.

Robles ha dirigido un ataque contra el Constitucional que no tiene ni pies ni cabeza. Magistrados considerados conservadores han avalado las medidas del Gobierno mientras que otros tenidos por progresistas han votado a favor de la resolución que declara inconstitucionales tales medidas. Eso prueba que el debate en el TC ha tenido un contenido mucho más jurídico que ideológico. Si el Gobierno hubiera recurrido al estado de excepción en vez de al de alarma, el confinamiento habría resultado legal y jurídicamente impecable.

Pero Sánchez debería haber sometido la declaración del estado de excepción al escrutinio del Congreso y no estaba dispuesto. Quiso actuar como un caudillo, sin control parlamentario, y una decisión insostenible desde el punto de vista jurídico se amparó en el estado de alarma para limitar derechos que sólo podían ser cercenados con un estado de excepción. Que lo hiciera por el supuesto bien de todos es irrelevante porque él no está por encima de la Constitución y el ordenamiento jurídico le permitía hacer lo que hizo, pero bajo control, no a su antojo.

El TC ha puesto de relieve ese caudillismo, la vis totalitaria de Sánchez, su alergia a las más elementales formas democráticas. La resolución no cuestiona la reclusión domiciliaria, sino los atajos y subterfugios empleados por Sánchez para no someterse al control parlamentario. En una desaforada y desafortunada reacción, la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también juez, aseguró que el confinamiento había salvado 450.000 vidas. Se desconoce cómo se hace ese cálculo y se llega a esa cifra, pero lo que está claro es que se habrían salvado muchas más vidas aún si el Gobierno no hubiera negado las evidencias, si sus extensiones mediáticas no se hubiera reído de quienes alertaban contra el coronavirus, si los presentadores al servicio del Ejecutivo no hubieran relativizado el mal que se cernía sobre el mundo comparándolo entre risas con una simple gripe, si la Administración se hubiera aprovisionado de equipos de protección individual antes de que se agotaran en los mercados internacionales y si no se hubieran autorizado manifestaciones como las del Día de la Mujer cuando ya se estaban registrando los primeros muertos en España y se contaban por miles en el resto del mundo.

El ataque contra el Constitucional muestra la verdadera cara del Gobierno, su afán autoritario y naturaleza dictatorial. Y no deja de ser una continuación de la guerra contra el Poder Judicial. Por un lado, la descalificación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista con la concesión de los indultos a sus autores, en absoluto arrepentidos. Por otro, los ataques al Tribunal de Cuentas por exigir responsabilidades económicas a los líderes del proceso separatista. Y ahora, la arremetida contra el TC mientras no cesa la presión y la deslegitimación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sánchez está llevando la situación al límite mientras elabora engendros como la Ley de Seguridad Nacional para erigirse en un déspota sin controles ni ataduras. Nunca había corrido más peligro la democracia en España.

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