El PSOE y el partido chavista Podemos acaban de sentar un escandaloso precedente al mantener como diputado al delincuente Alberto Rodríguez, a pesar de que el Tribunal Supremo le condenó a un mes y quince días de prisión –sustituida por una ínfima multa de 6 euros diarios durante 90 días– como autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
El delincuente Rodríguez debía ser despojado de su condición de diputado, pero socialistas y chavistas se aferraron a un informe a medida pergeñado por los letrados del Congreso para hacer de su capa un sayo y dar apariencia democrática a la torticera maniobra con una votación en la Mesa de la Cámara en la que, suplantando el papel de los jueces, se decidió que con el pago de la multa, 540 euros, se daba por cumplida la pena.
El desprecio por la Justicia de PSOE y Podemos en el caso del condenado Rodríguez es tan grosero y obsceno que confirma la deriva totalitaria del Gobierno y los partidos que lo sustentan. El sesgo bolivariano queda reflejado al desnudo, sin matices, con una nitidez pasmosa y escandalosa. Los diputados de estos dos partidos, sus dirigentes, los miembros del Gobierno se desentienden del Supremo o directamente por encima de unos magistrados que son ninguneados sin el menor disimulo. Una lectura desapasionada de los hechos proporciona pistas evidentes sobre las verdaderas intenciones de la izquierda respecto del Poder Judicial, al que quiere sometido a sus designios y dirigido por jueces y fiscales afines y en posición de firmes.
Incumplir una sentencia del Supremo es un hecho tan grave que jamás se había producido en democracia, y menos con el descaro con el que se manejan socialistas y comunistas. Por la misma regla de tres, los partidos independentistas podrían haber mantenido al frente de la Generalidad a Quim Torra pese a haber sido inhabilitado judicialmente por desobediencia. El Poder Judicial se enfrenta a una especie de declaración de guerra por parte del Legislativo y el Ejecutivo.
El mandato de Pedro Sánchez se viene caracterizando por una extraordinaria ofensiva contra los jueces independientes que frenaron el golpe de Estado separatista, que pretenden que Puigdemont sea extraditado para rendir cuentas ante los tribunales, que se resisten a validar las autoritarias maniobras del Gobierno durante la pandemia, que dictan sentencias como la que afecta a Rodríguez, que sigue en su escaño provisto de una especie de inmunidad que Sánchez denuncia como una "cautela anacrónica" en el caso del Rey, de modo que lo que vale para Alberto Rodríguez no valdría para Felipe VI.
El desprecio por la Justicia del que hace gala la izquierda es un aviso de hasta qué extremos están dispuestos a llegar sus dirigentes para consolidarse en el poder y cercenar cualquier atisbo de relevo y alternancia. Nadie en democracia se había atrevido a tanto. Lo hecho por el PSOE y Podemos es de una gravedad extrema y debería tener consecuencias judiciales y políticas de calado. No se debería tolerar el más mínimo incumplimiento de la sentencia y el condenado delincuente Rodríguez debería ser despojado de su acta de inmediato. Lo contrario sería atentar contra la Justicia y contra la democracia.