La verdad es que la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, no exagera un ápice al considerar que Dolores Delgado, que ha presentado este martes su dimisión como fiscal general del Estado, "ha dañado la imagen de la institución como no se recuerda en democracia". Ciertamente, desde su participación en los audios incautados durante la "operación Tandem" que dio origen al "caso Villarejo", a su sectaria política de nombramientos en la que primaba la afinidad ideológica y la amistad antes que el mérito y la capacidad, pasando por su participación en el caso Stampa —en concreto, la salida plagada de irregularidades de Anticorrupción del ex fiscal del caso Villarejo, en el que esta personado el bufete que dirige su pareja sentimental Baltasar Garzón— o la suspensión unilateral de un órgano reglado como es la Comisión Ética de los fiscales, la escandalosa trayectoria de Delgado al frente del Ministerio Público —cargo al que accedió bochornosamente después de haber sido ministra de Justicia de Pedro Sanchez— ha sido una auténtica vergüenza y un ejemplo insuperable de politización de la justicia.
Su renuncia alegando motivos de salud es, sin embargo, doblemente lamentable. Primero, porque a nadie le deseamos problemas médicos por muy nefasta que haya sido su trayectoria como cargo público. Y segundo, porque se trata, ciertamente, de una renuncia y no de una destitución por parte de un gobierno con propósito de enmienda y sentido del decoro. En este sentido, Dolores Delgado se va, pero la bochornosa politización y el indisimulado servilismo del Ministerio Público hacia el gobierno que ella representa permanece, como evidencia su sustitución por Álvaro Garcia Ortiz, fiscal de Sala y hasta ahora Jefe de la Secretaría Técnica de una Fiscalía General del Estado que pasará a encabezar una vez haya obtenido el plácet del CGPJ y de la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados. En este sentido, García Ortiz —perteneciente como ella misma a la minoritaria Asociación Progresista de Fiscales— no habrá tenido conversaciones tan impúdicas e inmorales como las que ha protagonizado Delgado, ni habrá estado salpicado en casos tan escandalosos, pero ha actuado siempre como su leal mano derecha y fue el responsable de dar las instrucciones precisas para continuar con la, cuanto menos, torticera investigación al fiscal Ignacio Stampa por un inexistente delito de revelación de secretos. Eso sin olvidarnos de que el propio García Ortiz, siendo fiscal, no tuvo el menor escrúpulo ni ético ni estético a la hora de participar en la precampaña electoral del PSOE en Galicia en 2020. O de formar parte, en 2019, de un laboratorio de ideas promovido por el líder socialista en aquella comunidad, Gonzalo Caballero.
Así las cosas, que nadie se llame a engaño: La renuncia de Delgado y su sustitución por Garcia Ortiz no significa otra cosa que la continuidad de una Fiscalía General del Estado que ni es ni quiere parecer independiente de un Gobierno que, lejos de reducir sus tentáculos sobre el Ministerio Público los quiere extender a todo el sistema de administración de Justicia, tal y como evidencia su ya iniciado asalto al Tribunal Constitucional. En este sentido, Sanchez quiere un Tribunal Constitucional tan dependiente del Gobierno como lo está y va a seguir estando la Fiscalía General del Estado.