Grave es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestione al Tribunal Supremo al considerar que la sentencia que condena a Chaves y Griñán por el fraude institucionalizado de los ERE "hace pagar a justos por pecadores". Con todo, mucho más inadmisible, desde un punto de vista político y jurídico, constituye el pacto de Sánchez con los golpistas de ERC para hacer definitivamente caso omiso a la sentencia de ese mismo Alto Tribunal que, refrendando un anterior pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obligaba a que se cumpliera el derecho de los estudiantes catalanes a recibir al menos el 25 por ciento de las horas lectivas en castellano, lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos catalanes. No otra cosa significa el respaldo dado por el presidente del gobierno en la "mesa de diálogo" con los golpistas de ERC a ese monumental fraude de ley que la administración autonómica en rebeldía se sacó de la chistera precisamente para dar una burda apariencia de legalidad a su confesa y acreditada negativa a obedecer la sentencia del Alto Tribunal.
Es cierto que, a pesar de apreciar "los vicios de inconstitucionalidad" de este colosal fraude de ley con forma de decreto, el TSJC no tuvo más remedio que paralizar la ejecución de la sentencia —sentencia que los golpistas se habían comprometido públicamente a desobedecer— a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Aun así, se supone que un presidente de gobierno comprometido con el cumplimiento de la Ley y de las sentencias debería ser el primero en promover ese recurso de inconstitucionalidad contra este pseudo-decreto. Tal como sucedía con las no menos fraudulentas "leyes de desconexión", sólo pretenden sortear el imperio de nuestro Estado de derecho en Cataluña. Sánchez, por el contrario, no sólo es el responsable de la escandalosa pasividad de la Fiscalía General del Estado en este asunto sino que ahora respalda públicamente ese fraude de ley con el que los golpistas pretenden dejar en papel mojado la sentencia y mantener la erradicación del castellano como lengua vehicular en Cataluña.
Así las cosas, y frente al lamentable mutismo del PP de Feijoó en este asunto, cabe destacar la encomiable y rápida reacción de Vox que, por boca de Iván Espinosa de los Monteros, ha reclamado la dimisión de Sánchez por la "traición" que, ciertamente, constituye la infamia acordada por el presidente del gobierno con los golpistas en la mal llamada "mesa de diálogo". Estos acuerdos, además de blindar la erradicación del español en las aulas catalanas, pretenden otorgar una especie de impunidad a los separatistas sobre la delirante premisa de que "no hay que judicializar la política". Vamos, como si la política no pudiera ser susceptible de ser judicializada, como lo es cualquier otra actividad humana, en caso de no obedecer y respetar las leyes y las sentencias.
Finalmente, y ante estos hechos, sólo cabe destacar hasta qué punto es relevante la determinación del PSOE por controlar la cúpula del poder judicial y hasta qué punto el PP incurriría en una histórica irresponsabilidad si llegara a cualquier clase de acuerdo con el PSOE que no conllevase como premisa el restablecimiento de la independencia del Poder Judicial. Y es que siendo lamentable que el gobierno pueda indultar a quienes los tribunales han condenado, mucho más grave es que el gobierno pueda decidir, a través de Tribunales designados por el Ejecutivo, qué es y qué no es ilegal.