La comparecencia del candidato a sustituir a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Comisión de Justicia del Congreso, como paso previo a su nombramiento oficial, no ha podido ser más bochornosa: Teniendo presente que la misión que la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, ya resulta bastante patético que a Garcia Ortiz no se le haya ocurrido mejor ejemplo de su compromiso en defensa de esa legalidad que el de "combatir el cambio climático" y "reforzar la perspectiva de género". Aun así, más vergonzoso ha sido su silencio ante la decisión del Gobierno de respaldar el monumental fraude de ley orquestado por los separatistas para desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo que reclama al menos un 25% de horas lectivas en castellano en Cataluña —pseudo decreto que finalmente, y ante la pasividad de la Fiscalia, ha tenido que ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña—, o su reacción ante las preguntas sobre el cambio de criterio de la Fiscalía respecto a la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco para los etarras Miguel Albisu Iriarte Mikel Antza, María Soledad Iparraguirre Anboto e Ignacio Miguel Gracia Arregui.
El hecho de que Garcia Ortiz haya afirmado que "no hay caso Miguel Ángel Blanco, ETA está derrotada" pone en evidencia hasta qué punto Garcia Ortiz fija su atención no en criterios jurídicos sino en criterios de conveniencia política. Porque, sí, sabemos que ETA hace años que anunció su disolución, como sabemos también que su brazo político Bildu ha pasado a ser un apoyo parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que dicta la ley respecto a cuantos años han de transcurrir para dar por prescrito un crimen como el de Miguel Angel Blanco, crimen que, como todos los perpetrados por la banda, los socios bilduetarras del gobierno siguen sin condenar? Es cierto que el articulo 131.3 del CP, que declara imprescriptibles los delitos de terrorismo con resultado de muerte, se promulgó en 2010 y no se puede aplicar con carácter retroactivo. Pero no es el caso de los crimenes de lesa humanidad, como tampoco lo es el del articulo 132.2 del CP que, ya en el momento del asesinato, señalaba los casos de interrupción en el cómputo de los 20 años que entonces se daba a la prescripción desde el momento del asesinato. Esta última es precisamente la base legal que llevó al fiscal del caso González Mota a señalar que el computo de los 20 años necesarios para dar por prescritos los delitos debían volver a empezar a contar desde el momento de la detención de Mikel Antza y Anboto en octubre de 2004 y no desde la fecha del asesinato, el 13 de julio de 1997.
Que esta sólida y fundamentada postura jurídica haya sido descartada en una mañana por Garcia Ortiz —entonces fiscal jefe de la Secretaria Técnica— sin ni siquiera solicitar un informe sobre la cuestión al fiscal del caso, ya puso en evidencia, cuanto menos, su falta de rigor jurídico, sólo superada por el hecho de dar ahora como peregrino argumento su afirmación de que "ETA ha sido derrotada". Tal vez por ello Garcia Ortiz se ha visto obligado a ultima hora a anunciar que "consultará" el caso con la cúpula fiscal. Pero que nadie se llame a engaño: dado el funcionamiento absolutamente jerarquizado del Ministerio fiscal, más que una consulta, lo que va a hacer el nuevo Fiscal General del Estado será una "llamada al orden" para que todos tengan claro que allí sólo manda él y que el criterio de la Fiscalía sólo depende —Sanchez dixit— del presidente del gobierno.