Corría el muy franquista año de 1967, en concreto el 28 de octubre, cuando en la sección de cartas al director de la revista barcelonesa Destino, dirigida por el prestigioso periodista Néstor Luján, se publicó un escrito titulado El catalán se acaba. En él, su autor manifestaba su oposición al uso de la lengua catalana en la enseñanza pública y su deseo de que el nombre de Cataluña fuese sustituido por el de Región del Nordeste:
Me felicito y felicito a ese 40% de padres que niegan su autorización a sus hijos para que aprendan el catalán. Soy catalán y creo un error el seguir hablando nuestro dialecto. Hay que aceptar los hechos: en Barcelona cada vez somos en mayor número los catalanes que hablamos en español y los que obligamos a nuestros hijos a que hablen la lengua de Cervantes. En casa hace tiempo que hablamos español, y mis hijos son castigados si hablan una palabra en catalán. (…). Debemos aceptar que somos españoles ante todo. España es una, encabezada por Madrid. De ahí que aplauda la unión de Lérida con Aragón y juzgo muy acertado el suprimir el nombre de Cataluña por el de Región del Nordeste. Veo con alegría que el catalán se acaba. Le calculo unos cinco años de existencia. En vez de estudiar catalán, mejor será el perfeccionarse en el dominio del idioma español".
Lo firmaba un tal Jacinto Pujol Solé, nombre coincidente con el de una persona que afirmó no tener nada que ver con el asunto. Alguien había usurpado su nombre, o se lo había inventado con la puntería de que existía una persona con ese nombre y apellidos, y como en aquellos días no se exigía presentar carné de identidad, no se pudo averiguar la identidad del remitente.
La responsabilidad recayó, por lo tanto, en el director de la revista, que, al no desplegar la diligencia necesaria para comprobar la identidad del autor, fue acusado por el ministerio fiscal de un delito de propaganda ilegal por "atentar contra la unidad de las tierras de España al ofender a la lengua catalana, ya que se manifestaban opiniones contrarias a la enseñanza del catalán en las escuelas públicas". El Tribunal de Orden Público, en primera instancia, condenó a Luján con el siguiente argumento:
Que en la carta referida se hacen afirmaciones ofensivas a la dignidad de la nación española por decir en su texto: que no constituye acervo cultural la lengua vernácula de uno de los grupos humanos que forman el conjunto nacional, afirmación tan injusta e hiriente que alcanza el grado de afrenta para todos los componentes de la comunidad nacional, que son afectados por la aseveración, bien inmediata, bien mediatamente, y por preconizarse la sustitución del nombre de Cataluña por el de Región del Nordeste, propugnándose así la inmotivada supresión de una denominación unida a lo largo de toda la historia nacional a una determinada área geográfica y a sus habitantes, con una fuerza tal que llega a caracterizarlos, identificándose quienes hoy la ostentan con los hechos y virtudes de sus antepasados, ataque agravado por presentarse tal hipotético hecho como de inminente vigencia, lo que implica un demérito para el prestigio y autoridad del Estado.
Unos meses después, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y condenó a Luján a ocho meses de prisión y multa de 10.000 pesetas porque en el texto en cuestión "se vertían conceptos de tipo ofensivo para la lengua catalana, cuyo libre uso particular y social se respeta y garantiza".
Ha pasado medio siglo y la identidad del remitente de la carta sigue sin conocerse, aunque se han barajado varias posibilidades, entre ellas la del casi homónimo futuro presidente de la Generalidad, Jordi Pujol i Soley. El tono de la carta, y el hecho de que tratara de algo tan llamativo como un inexistente proyecto de eliminación del nombre de Cataluña, han permitido suponer que quizá se tratara de un acto de agitación por parte de nacionalistas para ridiculizar las opiniones contrarias al uso escolar de la lengua catalana e indignar a los catalanes atribuyendo al gobierno de Franco intenciones falsas.
Diecisiete años antes, en 1952, el futuro Nobel de literatura Vicente Aleixandre, no precisamente un franquista, había hecho unas declaraciones dignas de ser recordadas:
Los catalanes no se contentarán con que puedan publicar sus libros en catalán, lo que es enteramente justo, sino que en una nueva etapa, cuando llegue, si es que llega, la democracia, querrán que toda la enseñanza en Cataluña se dé en catalán, y el castellano quede completamente desplazado, y se estudie sólo como un idioma más, como el francés. A esa desmembración lingüística me opondré siempre, como se opusieron Unamuno y Ortega en el Parlamento de la República.
No estuvieron solos en su denuncia Unamuno y Ortega, puesto que también Menéndez Pidal deploró en aquellos republicanos días que los catalanistas, incluso antes de tener aprobado el estatuto, hubiesen comenzado a implantar un sistema de discriminación lingüística más opresor que el que tan amargamente habían denunciado en el régimen monárquico y a "echar por dentro el cerrojo idiomático para que allí no entre nadie". (Por si hubiere algún interesado, en los libros Desde Santurce a Bizancio y España contra Cataluña, historia de un fraude podrán encontrar todos estos datos y muchos más sobre la cuestión lingüística durante el franquismo).
Ya que en estos tiempos de memoria democrática está tan de actualidad el régimen de Franco como excusa inmejorable para cometer hoy cualquier tropelía totalitaria, vayan estos párrafos para observar con algo de perspectiva la paulatina extirpación de la lengua española de Cataluña contra leyes y sentencias, contra la letra y el espíritu de la Constitución y con la aprobación de Pedro Sánchez y sus compañeros.