Las manifestaciones en Cataluña son una arraigada especialidad local, lo más parecido a un deporte rural, estilo pelota vasca y sus variantes. La costumbre tiene además su propia temporada, entre septiembre y octubre, meses en los que una parte de la población se lanza a las calles a corear consignas diseñadas por el Estado (sector Govern de la Generalitat) contra el Estado en las cuatro provincias catalanas. Se trata de exhibiciones patrocinadas por las administraciones municipales y autonómicas y que suelen ser bastante coloridas, salvo las que se preparan para este año, con los figurantes vestidos de negro y la afición en horas bajas.
Al igual que con los castillos humanos (los castells), otra muestra de singularidad regional, lo que cuenta es el número, porque no es lo mismo un castillo de mil quinientos participantes (al margen de la media docena de menores, algunos con de siete y ocho años, que se juegan la vida para coronar las torres humanas) que cuatro tíos subidos unos encima de otros. De modo que la importancia de las manifestaciones oficiales se mide por su número de participantes, sean imaginarios o reales, no por las supuestas razones que se esgrimen en los lemas.
Tras la exuberancia de las manifestaciones a favor de Franco, el antepenúltimo jefe del Estado, tuvieron que pasar décadas hasta conseguir multitudes similares en las calles barcelonesas. Se recuerdan al efecto las manifestaciones del 11 de septiembre de 2012 y el ciclo de movilizaciones a favor del gobierno regional de 2017, el año del golpe de Estado separatista. La primera tiene su importancia porque los medios oficiales, con La Vanguardia y TV3 al frente, no sólo consiguieron convertir a menos de cien mil personas en un millón sino que convencieron a los demás medios de que eso era así. En cuanto a 2017, la temporada fue muy prolífica, con una media de una manifestación cada cinco días. Aquel año se batieron todos los récords, aunque la trufa de oro de la temporada fue el 8 de octubre, cuando más de un millón de personas colapsó Barcelona en contra del golpe de Estado separatista.
El "problema" de aquella manifestación es que a diferencia de la mayoría no fue oficial ni contó con el respaldo de ninguna administración. También que puso las cosas en su sitio, de modo y efecto que el prófugo Puigdemont metió la declaración de independencia en cuarentena y comenzó a preparar su huida. Sin embargo y que se sepa, no hay plan alguno para conmemorar el quinto aniversario del día en el que se frustró el golpe de Estado.
El Gobierno de España debería ser el primer interesado en recordar la efeméride, pero lo que ha hecho es pactar con el gobiernillo catalán separatista el plan para erradicar el idioma español de Cataluña, sobre todo en la enseñanza obligatoria. Resulta que además de organizar manifestaciones, de lo que sabe el gobierno regional es de pasarse la Constitución y las sentencias judiciales por el arco del triunfo, especialmente todas aquellas que pretenden que el español sea considerada lengua cooficial en Cataluña.
Que los niños puedan aprender y hablar español es el propósito esencial de no pocas organizaciones que defienden los más elementales derechos humanos, y entre ellos, el de no ser considerado un extranjero en tu propia tierra, como definió la situación de millones de personas en Cataluña el profesor Antonio Robles en uno de sus libros. A tal efecto se ha organizado una manifestación de verdad, sin ningún apoyo oficial, para el próximo 18 de septiembre con el lema "Español, lengua vehicular".
La convocatoria es disruptiva. Pretende acabar con la dictadura lingüística y política de Cataluña y empieza por hablar de español, no de castellano, el término que con ademán despectivo utilizan el separatismo y la izquierda para aludir a dicho idioma. Como siempre, casi ningún medio habla del asunto, entre otras razones porque es una muestra de rechazo a las políticas del Gobierno de Sánchez y al Govern golpista que pretenden eliminar esa lengua. Eso es una manifestación. Todo lo demás, coros y danzas.