Ninguna nación del mundo prohíbe a sus alumnos estudiar en la lengua oficial del Estado. Esta aberración solo ocurre en España dentro del territorio de algunas comunidades autónomas y muy especialmente en Cataluña, una vergüenza histórica que nos presenta ante el mundo como una sociedad fallida que se rinde a los chantajes de las minorías separatistas.
Ningún Gobierno de España ha hecho cumplir la Constitución en un asunto tan grave como la necesaria presencia vehicular de la lengua española en la educación pública. Víctimas de las presiones de los grupos nacionalistas para pastelear mayorías parlamentarias en las Cortes Generales, y de no pocos complejos históricos ante unas fuerzas trasnochadas que pretenden mantener los privilegios reaccionarios decimonónicos, los gobiernos de la democracia han transigido con la política lingüística del separatismo, cuyo objetivo no ha sido nunca extender el conocimiento de la lengua vernácula, sino erradicar el español del ámbito público como ya han hecho con éxito en Cataluña.
La manifestación de ayer en las calles de Barcelona, impulsada por organizaciones privadas agrupadas en torno a la plataforma "Escuela de Todos", es un toque de atención de la sociedad civil catalana que ya se hartado de que se vulneren constantemente sus derechos constitucionales con absoluta impunidad. Decenas de miles de personas salieron a la calle para exigir una cosa tan elemental y razonable como el cumplimiento de las sentencias judiciales. Porque hay que recordar que la iniciativa para obligar a la Generalidad a imponer, como mínimo, una cuarta parte de las clases en lengua española, no obedece a un mandato del Gobierno, sino que es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional impulsada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
A este respecto es preciso encomiar el esfuerzo de las decenas de familias catalanas que, a pesar de sufrir todo tipo de boicots y humillaciones públicas, han mantenido todos estos años una lucha ejemplar en defensa del derecho de sus hijos a educarse en su lengua materna. La manifestación de ayer en Barcelona fue también un homenaje al esfuerzo de todos estos padres, acosados por los partidos separatistas y abandonados por el Gobierno, que debería haber evitado tanto dolor y tanta vergüenza pública si hubiera hecho honor a su obligación de imponer el cumplimiento de la ley en Cataluña.
Las reivindicaciones de la plataforma "Escuela de Todos" no podrían ser más razonables. Se trata, simplemente, de que las fuerzas políticas se comprometan a que el español sea lengua vehicular y que el Gobierno de España cumpla y haga cumplir la Constitución en Cataluña, en las demás comunidades autónomas con lengua cooficial y en todo el país". También reclaman "que los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional amparen los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y acaben, de una vez por todas, con la vulneración de su derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular", poniendo fin de una vez a "la arrogante y permanente desobediencia a la Constitución y a las decisiones judiciales del gobierno de la Generalidad".
Poco pueden esperar los manifestantes del Gobierno de Sánchez, enfeudado en sus enjuagues con los separatistas para mantener el poder. Otra cosa es la tibia respuesta ofrecida por el Partido Popular, la formación que pretende llegar al Gobierno para acabar con este experimento socialpodemita que, una vez más, se ha puesto de perfil en un asunto que cuestiona muy seriamente la sinceridad de sus proclamas cuando dice defender la enseñanza en español.
Núñez Feijóo ha puesto en circulación ahora un nuevo concepto denominado "cordialidad lingüística", una trampa dialéctica para no asumir compromisos en un asunto tan esencial. Pero de lo que se trata aquí, después de décadas de abusos y persecuciones, es de hacer cumplir la Constitución y las leyes también en Cataluña. Y si fuera necesario, sin cordialidad.