Aunque en España carecemos de algo que se parezca a un plan industrial, ello no significa que no tengamos política industrial. Ésta se configura a partir de acciones muchas veces improvisadas, concebidas para epatar a los ciudadanos y mostrar que el gobierno se ocupa de los problemas productivos, aunque luego todo eso se convierta en agua de borrajas. Esta es la impresión que producen cada vez más las iniciativas anunciadas por Sánchez al amparo de los fondos europeos o de los decretos coyunturales con los que se abordan los efectos negativos de la inflación.
Una política industrial no es sólo el anuncio de un programa de ayudas a las empresas orientado a una determinada finalidad. Requiere un análisis previo de la estructura de los sectores a los que se dirige, de los factores tecnológicos implicados en esa finalidad, de la evolución del mercado y de los riesgos financieros; también necesita de una discreta concertación con los intereses empresariales implicados; y desde un punto de vista instrumental exige una cierta flexibilidad en la aplicación de las ayudas financieras y fiscales a los proyectos de inversión, compatible en todo caso con las normas que los regulan y con los controles que son aplicables a ellas. Además, se requiere una evaluación a posteriori que avale la continuidad o la alteración de los programas correspondientes.
Sin embargo, el gobierno de Sánchez no parece actuar en este terreno con la diligencia debida y da la impresión de que para él lo único relevante es hacer anuncios con los que rellenar las portadas de los periódicos. Lo ocurrido con los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), con el tope al gas o con los incentivos a la compra de vehículos eléctricos son buenas muestras de lo que estoy señalando.
Así, en esta semana se han conocido las enormes dificultades a las que se enfrenta el PERTE del vehículo eléctrico, principalmente por la desconfianza que despierta en el proyecto presentado por el grupo Volkswagen el bajo nivel de las subvenciones gubernamentales. Ya pasó lo mismo hace un tiempo con el grupo Ford, para quien lo más relevante no era la cuantía de esas ayudas sino la rigidez temporal a la que se sometían los procesos de inversión, sin tener en cuenta las posibles dificultades coyunturales que se derivan de la incertidumbre a la que actualmente está sometida la industria del automóvil. Así que, según parece, una buena parte del plan para los coches eléctricos se tambalea. Y mientras tanto, de manera paradójica, lo que sigue adelante es el proyecto de Envision para fabricar baterías de litio en Extremadura que, por cierto, ha sido rechazado por el ministerio de Industria.
Otro de los reveses de la política industrial sanchista lo tenemos en la controvertida cuestión del tope al precio del gas en su empleo como materia prima para la generación de electricidad. El empeño del presidente del gobierno en presentarlo como la panacea para abordar el problema inflacionista europeo no deja de ser sorprendente, pues sus logros en modo alguno lo avalan. Éstos han sido un modesto repliegue del precio de la electricidad a la vez que un aumento de la demanda de gas natural —lo que, sin duda, habrá contribuido a impulsar el precio de éste—. Ciertamente, no sabemos cuál de ambos efectos habrá sido dominante, pues sólo se ha evaluado el primero, mientras el segundo se oculta al escrutinio. En todo caso, no deja de ser contradictorio que, siguiendo las directrices de la Comisión Europea, se pretenda reducir el consumo gasístico mientras que, de manera indirecta, se estimula su demanda subvencionándola.
En el ejemplo anterior nos faltan estudios de evaluación. Pero no se crea que cuando estos existen el gobierno readapta su política. Lo acabamos de ver con un trabajo publicado por el Banco de España sobre los incentivos a la compra de coches eléctricos. Sus conclusiones son nítidas: esas ayudas sólo han servido para que en Asturias, Madrid, Navarra, Baleares y Cataluña las matriculaciones hayan aumentado en un uno por ciento, mientras que en las demás regiones su impacto ha sido nulo. Por cierto que un resultado similar se obtuvo en un estudio de 32 países europeos que se publicó en 2019, lo que podría haber sido tenido en cuenta para no prorrogar la vigencia del correspondiente programa. Pero ahí sigue —y con una dotación creciente que en su última versión llega ya a los 400 millones de euros— porque el gobierno español —como ocurre con los gobiernos de los otros países europeos— es incapaz de reconocer que su política se salda con un fracaso que sólo beneficia a los compradores de renta elevada.
En fin, esto es como el cuento de nunca acabar porque, al final, lo que cuenta es la propaganda y no la realidad. Así, España no logrará revertir un proceso de desindustrialización que ya dura más de tres décadas.