La participación de la mujer del presidente del Gobierno en un acto dedicado a instruir a las organizaciones sobre la mejor forma de obtener fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea es un escándalo de tal magnitud que sorprende que la oposición no haya puesto ya el grito en el cielo.
La referida jornada académica, celebrada el pasado 13 de octubre en la Universidad Complutense, se tituló "Claves de la captación de fondos públicos europeos y de fondos privados para el tercer sector", un enunciado lo suficientemente explícito para que no quede ninguna duda del objetivo del encuentro. Begoña Gómez no fue una mera asistente a las charlas incluidas en el programa, sino que tuvo una participación destacada impartiendo doctrina sobre cómo conseguir la máxima captación posible de los fondos públicos que reparte su marido desde la presidencia del Gobierno.
Por si el nombramiento de la mujer del presidente del Gobierno como directora de una cátedra en una destacada universidad pública (sin titulación académica conocida) no fuera suficientemente escandaloso, su participación en asuntos que colisionan directamente con las responsabilidades públicas de su esposo es un hecho de enorme gravedad que debería activar los mecanismos legales destinados a prevenir el nepotismo y los conflictos de intereses en la administración pública española. Otro tanto cabe decir de la vicepresidenta Nadia Calviño, cuyo marido intermediaba en la captación de fondos europeos incumpliendo flagrantemente el código ético que debe presidir la gestión de todo responsable político.
A estos efectos, la legislación vigente en la materia resulta especialmente clara cuando señala la obligación de todos los altos cargos de la administración pública española de evitar cualquier relación con "los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".
Para vigilar precisamente el cumplimiento meticuloso de ese principio, la ley crea la Oficina de Conflictos de Intereses, un órgano de control de los altos cargos de la administración pública cuya función primordial es evitar situaciones como las que están protagonizando los cónyuges del presidente y la vicepresidenta del Gobierno, inmersos de hoz y coz en la gestión de un programa de ayudas europeas que va a suponer la inversión de 70.000 millones de euros en los próximos cuatro años.
La normativa en vigor sobre la ética exigible a los altos cargos obliga también a intervenir a la Abogacía del Estado, que debe remitir estos asuntos a la Fiscalía para su investigación exhaustiva. Es obvio que Sánchez no va a autorizar que se investigue a su mujer, pero el deber de la oposición es activar todos los mecanismos legales a su alcance para impedir que él y su vicepresidenta sigan actuando con tanta desfachatez.